Lisboa.- La almeja japónica se introdujo en aguas lusas del Tajo y el Sado como un "experimento medioambiental" para depurar "mercurio, plomo y cadmio". Hoy, esta especie invasora, tóxica para los humanos, llega a los consumidores en Portugal y en España a través de redes furtivas.
La japónica absorbe las biotoxinas de las aguas de la ría lisboeta, huella de un pasado industrial que ahora se ha convertido en "un problema de salud pública", explica el jefe de la División Técnica Ambiental de la Guardia Nacional Republicana (GNR), el teniente coronel Ricardo Vaz Alves.
A pesar de su alta toxicidad, puede ser consumida si ha sido sometida a niveles de depuración adecuados pero, en su mayoría, es obtenida furtivamente, suele estar mal descontaminada e intoxica al consumidor provocando graves consecuencias que pueden llegar incluso a la muerte.
El problema ha crecido en los últimos años. Las redes de furtivos que trafican con la japónica pueden llegar a capturar hasta 14 toneladas diarias. Tras un proceso de limpieza insuficiente y documentos falsos, las almejas pueden terminar en los supermercados de España y Portugal, pese a nos ser aptas para el consumo sin el adecuado tratamiento.
Un experimento fallido
"Fueron introducidas artificialmente para filtrar la toxicidad" del agua, relata Vaz Alves, sobre una idea de que los bivalvos retuviesen en su cuerpo el mercurio, plomo, cadmio y biotoxinas presentes en la ría.
Este "experimento" llevó a la almeja japónica al Tajo, a su paso por Lisboa, y al río Sado, en Setúbal, a unos 40 kilómetros de la capital.
La eliminación ahora "es casi imposible", reconoce el teniente coronel de la GNR.
Desmantelar el tráfico de este bivalvo es "un foco prioritario" para las autoridades de Portugal y España, por eso la GNR y el Seprona, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil española, trabajan en conjunto para frenar este delito.
En una de sus ultimas operaciones, el pasado mayo, fueron incautadas 1,5 toneladas de japónica no aptas para el consumo. Es sólo un ejemplo, porque las redadas que se repiten a lo largo del año.
Solo frente a Lisboa, en la otra orilla del Tajo, en las cuencas de Seixal, Barreiro y Montijo, se estima que unos mil 400 pescadores recogen la almeja ilegalmente, según datos de la GNR.
Las inmediaciones del puente Vasco da Gama, el más largo de Europa, que enlaza Lisboa con Alcochete, al otro lado del Tajo, es uno de los lugares más frecuentados por los furtivos.
"No son solo los mariscadores, hay toda una cadena por arriba" relata Vaz Alves, que detalla que en la operación conjunta con el Seprona se incautaron "coches de mucho valor", lo que lleva a las fuerzas de seguridad a pensar que el tráfico de bivalvos es solo una "actividad paralela" de estas organizaciones delictivas.
Alta toxicidad
Bajo el puente Vasco de Gama, las aguas del Tajo tienen un alto nivel de toxicidad, llegan a la "clase C", según el instituto de meteorología portuguesa. El río Sado, sin embargo, tiene menos contaminación, categoría B, lo que supone que "el nivel de depuración y de tratamiento es mucho más barato y sencillo", explica Vaz Alves.
Una práctica habitual de los furtivos es "adulterar el origen" de las almejas, es decir, capturarlas en el Tajo y certificar que son del Sado, para seguir un nivel de depuración menos.
La mayor parte de las capturas son transportadas por intermediarios a España, fundamentalmente a los puertos de Vigo y Pontevedra, donde se entrega a los establecimientos acuícolas.
Muchos de estos establecimientos "conocen el origen de los bivalvos", según la GNR, y para adquirirlos necesitan que el documento de registro indique "clase B".
Las redes delictivas blanquean los documentos de registro y la almeja sale para España en furgonetas preparadas que hacen movimientos casi diarios.
Desde España son comercializadas hacia toda Europa.
En Portugal "no tenemos ninguna instalación para hacer el tratamiento de categoría C, toda la almeja del Tajo tiene que salir obligatoriamente para España u otros países para poder ser apta para el consumo humano", explica Vaz Alves y defiende que el control sería "más efectivo" si se dispusiera de tratamiento de clase C en el país luso.
Este experimento para sanear las aguas industriales ha acabado en un auténtico "problema de salud pública", resume.