El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha aprobado un préstamo de reformas de políticas de US$300 millones para apoyar al Estado de Pará, en Brasil, en su meta de llegar hacia cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050. La operación es la primera del BID para ayudar en la implementación de políticas económicas, ambientales, sociales y climáticas a nivel subnacional en Brasil, con el objetivo de favorecer el desarrollo sostenible de la Amazonía.
Desde 2017, el BID colabora con el Estado de Pará, cuya capital Belem va a acoger la COP30, en la búsqueda de soluciones transversales e integrales a un problema complejo, como es la erradicación de la deforestación ilegal. En total, diez instituciones gubernamentales y cinco divisiones sectoriales del Banco están involucradas, una muestra del compromiso existente con la descarbonización de Pará.
El crédito, aprobado por el Directorio Ejecutivo del BID, permitirá mejorar las capacidades técnicas y la dotación tecnológica para la implementación de políticas ambientales y climáticas, promoviendo eficiencia en la gestión pública. El programa resalta la importancia de apoyar la digitalización del Estado, la modernización de los servicios públicos y la innovación.
También está previsto potenciar las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) para una mejor gestión de las zonas protegidas, un manejo integral costero y de economía azul, así como la recuperación de vegetación en áreas degradadas. Otra de las metas es promover la producción agropecuaria generada mediante prácticas bajas en carbono y el desarrollo de la Bioeconomía, con efectos significativos en el uso sostenible de la tierra.
El préstamo contempla la creación de instrumentos fiscales y financieros para apoyar la descarbonización de Pará. Se alinearán los beneficios fiscales del Estado con proyectos de bajo carbono y se reforzarán los monitoreos de mercancías para limitar el tráfico de producción realizada en tierras deforestadas ilegalmente.
Pará es rico en capital natural, pero acumula el 40% de la deforestación de la Amazonía Legal brasileña. Pese a haber realizado sobre el papel un importante esfuerzo de protección en casi el 50% de su territorio, el 10% de la deforestación del Estado ocurre dentro de áreas protegidas. Cuatro de cada 10 habitantes de Pará viven bajo el umbral de la pobreza, por lo que se requiere un cambio de paradigma productivo que permita la transición a una economía descarbonizada de una manera inclusiva.
En todas las políticas apoyadas por este programa se promoverá la igualdad de género, el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas y la inclusión de grupos vulnerables. Además, se aprovechará el potencial de estos grupos poblacionales para impulsar el crecimiento socioeconómico de la Amazonía.
Las reformas de política que se implementen gracias a esta operación permitirán salvar unos 10 millones de hectáreas de bosque hasta 2050 y reducir las emisiones netas de CO2 en 6,000 millones de toneladas.
La aplicación del IEEM, una herramienta desarrollada por el BID para medir el impacto económico y ambiental de políticas públicas, ha permitido calcular la reducción de áreas con deforestación, el ahorro de emisiones de carbono que se producirá gracias a este programa y dónde van a producirse estos efectos.
Durante la COP28, en Dubai, el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, y el Gobernador del Estado brasileño de Pará, Helder Barbalho, firmaron una carta de intención para avanzar con una agenda integral de descarbonización en el Estado, incluyendo apoyo de cooperación técnica además del programa.
Desde 2017, el BID y Pará han firmado una serie de acuerdos de apoyo técnico y financiero en temas como crédito de carbono, educación, fiscal y sustentabilidad. Ahora, con este nuevo documento, la idea es ampliar el trabajo conjunto aún más, en temas como agricultura de bajo carbono, desarrollo sustentable de la cadena de açaí y apoyo técnico o financiero a la COP30, de Belém.