En un llamado sin precedentes, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha urgido a una legislación más rigurosa y uniforme en todo el mundo para abordar los delitos contra el medio ambiente. Expertos en prevención del delito de la ONU sostienen que las diferencias flagrantes en las leyes medioambientales entre países y regiones obstaculizan los esfuerzos globales para prevenir y castigar estos delitos.
El informe titulado "El panorama de la penalización", presentado en Viena, marca un hito en el análisis mundial de los delitos ambientales. La investigación, liderada por Angela Me, Directora de Investigación y Análisis de la UNODC, revela cómo los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas tipifican y penalizan los delitos contra la naturaleza.
El estudio abarca nueve áreas clave de delitos ambientales, desde la deforestación hasta la gestión de residuos. Los hallazgos muestran que, si bien la mayoría de los países tipifican los delitos contra la fauna y flora silvestres, existen disparidades significativas en la severidad de las penas y su aplicación.
Por ejemplo, mientras que el 85% de los Estados miembros de la ONU consideran delito los delitos contra la fauna y flora silvestres, solo el 45% imponen penas de cuatro o más años de prisión, clasificándolos como delitos graves según estándares internacionales.
Las variaciones regionales también son evidentes. En Oceanía, el 43% de los países consideran la pesca ilegal como un delito grave, mientras que en Europa, solo el 2% lo clasifica de esa manera. África y Asia muestran el porcentaje más alto de Estados con penas que se ajustan a la definición de delito grave, lo que sugiere que la falta de aplicación, más que la debilidad de la legislación, es un problema central.
Los delitos contra la vida silvestre son los más frecuentemente contemplados en la legislación penal, seguidos de cerca por los delitos relacionados con los residuos. Sin embargo, la contaminación del suelo y acústica son las áreas menos protegidas, con solo 99 y 97 países respectivamente considerando graves estas infracciones.
El informe también destaca brechas legislativas significativas en la aplicación de las leyes, especialmente en la diferencia de trato entre individuos y corporaciones. Los expertos sugieren medidas como la confiscación de activos utilizados en delitos ambientales para abordar esta brecha y perseguir a los grandes actores económicos responsables.
En respuesta a estos hallazgos, la UNODC propone varias áreas de mejora, que incluyen el aumento de penas, una mayor cooperación internacional y la recopilación de datos más exhaustivos sobre delitos ambientales y su penalización.
En última instancia, este informe ofrece una hoja de ruta crucial para fortalecer la legislación y la aplicación de la ley en todo el mundo, en aras de proteger nuestro medio ambiente para las generaciones futuras.