México.- México tiene hoy con el Acuerdo de Escazú, la gran oportunidad de redirigir la política ambiental para lograr una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y acceso a una justicia ambiental, afirmó el subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, Julio Trujillo Segura durante su participación en el ciclo de Diálogos Ambientales en el que expertos abordaron el tema: La Transición Ciudadana y Gobernanza Ambiental: Retos del marco jurídico ambiental en México.
Al hacer un recorrido por la historia del derecho ambiental y explicar los retos y las necesidades actuales para lograr mayor información y transparencia en la toma de decisiones, Trujillo Segura señaló que la Semarnat tiene hoy el reto de revertir las políticas de los gobiernos pasados en los que se dedicó a entregar los recursos naturales en lugar de cuidarlos.
Para ello informó, se iniciará el proceso de revisión del compendio de reglamentos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente e iniciarán con el reglamento en materia de evaluación de impacto ambiental y el de aguas nacionales y, de esta forma, lograr mayor participación de los ciudadanos.
Guadalupe Espinoza Sauceda, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Judiciales de Semarnat, advirtió que el reto de la Secretaría es dejar de ser una simple agencia de trámites para cumplir con su papel regulador que asegure una gobernanza en el sector, lo que implica trabajar para lograr un marco jurídico robusto que garantice el derecho humano a un ambiente sano, como lo plasma el Artículo 4º constitucional.
Recordó que al iniciar la presente administración se encontraron muchos aspectos de conflicto que ponían en peligro la gobernanza en Semarnat, al menos 560 conflictos socioambientales. De ahí que se haya planteado una serie de acciones como la reducción de sus tres subsecretarías a dos, que ahora serán la de Política Ambiental y Recursos Naturales y la de Regulación y Regeneración Ambiental.
Asimismo, subrayó la necesidad de cambiar la visión proteccionista ambiental que ha campeado y que excluye a las comunidades originarias y pueblos indígenas, para trabajar ahora con una visión integral que considere la experiencia de estas comunidades que son dueñas de los recursos naturales con una visión de derechos colectivos, y que no son otros sino los derechos de los pueblos, que se contraponen a la visión de derechos individuales que por muchos años se ha manejado y que subsume a la naturaleza a su sola explotación.
Alicia Mendoza Vera, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), reveló que en materia de procuración de justicia hay un rezago importante de asuntos que no se atendieron y se han ido acumulando desde hace más de 30 años. Entre ellos destacó más de cien pasivos ambientales en todo el país, zonas forestales en estado crítico en 28 entidades y afectaciones significativas a la fauna, como es el caso de la vaquita marina y la totoaba, en el Alto Golfo de California.
Dijo que el fin deseado de una gobernanza ambiental es promover y garantizar el derecho a un medio ambiente sano y es el Estado el que tiene esta encomienda. Sin embargo, advirtió, el daño y deterioro ambiental debe generar responsabilidad para quien lo provoca en términos legales. Citó como ejemplo los pasivos ambientales que fueron generados por empresas o personas individuales a quienes no se les ha exigido reparación alguna.
Mendoza Vera sostuvo que a todos estos pendientes en materia de justicia ambiental se suma el hecho de que durante la situación que se vive por la pandemia se incrementaron las infracciones ambientales. En este escenario, aseguró, aun con carencias y presupuesto recortado la Profepa sigue trabajando con compromiso y responsabilidad.
Consideró que se deben ejercer políticas en las que prevalezca la comunicación real y efectiva, que haya un diálogo abierto y de debate en el que se llegue a conclusiones, ya que estas son las herramientas para garantizar la seguridad ambiental en nuestro país.
En tanto, María del Carmen Carmona Lara, coordinadora del Área de Derecho Ambiental, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coincidió en la necesidad de trabajar para consolidar un nuevo derecho con diferentes estructuras y un nuevo paradigma, aunque para ello es necesario fortalecer las instituciones y las leyes, pero bajo una verdadera visión sustentable.
Advirtió que una de las razones por las que las leyes y normas han sido insustentables es porque se han hecho bajo una visión materialista, sin considerar lo inmaterial y que tiene que ver con la parte humana, social y política. Por lo que el rediseño de las leyes debe considerar esta parte omitida en lugar de buscarse una solución diferente al problema.
Rodolfo Godínez Rosales, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales (UCAI), planteó que en materia de derecho ambiental es necesario pasar de una visión antropocentrista a una biocentrista, así como privilegiar los derechos humanos, porque el derecho ambiental protege la vida y la salud.
En ese sentido, dijo que al hablar de presupuesto para proteger el medio ambiente hablamos de recursos para proteger la vida, lo que lleva a un vínculo con los derechos humanos, diferente a la visión administrativista que permeó anteriormente para sólo gestionar permisos o licencias.
El titular de la UCAI subrayó que ya no podemos hacer las cosas como antes, ya que la pandemia que enfrentamos solo es la punta del iceberg de la crisis económica que viene y solo un pedazo muy pequeño de la crisis ambiental. “De proseguir como estábamos, simplemente no tendremos ni civilización humana, ni protección de la vida; nada”.
Consideró necesario incorporar plenamente los tratados ambientales no sólo a los discursos e ir a las conferencias para decir que México es parte o que presenta informes, sino que de manera consistente, continua sólida, robusta y sinérgica se apliquen las medidas adoptadas, y se cumplan y tutelen así los derechos humanos y, por tanto, el derecho ambiental, que son uno y lo mismo.
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