Sao Paulo.- De acuerdo con la proyección del Instituto, que capta datos mensuales a través de un sistema de alertas de alteraciones en la cobertura forestal de la Amazonia, la deforestación ilegal se extendió en junio por 920 kilómetros cuadrados, frente a los 488.4 kilómetros cuadrados registrados en el mismo mes del año anterior.
Sin embargo, los datos consolidados solo serán divulgados por la entidad a partir de octubre.
Es la primera vez que la deforestación crece durante dos meses consecutivos desde la llegada a la Presidencia del ultraderechista Jair Bolsonaro, en el poder desde el pasado 1 de enero y quien se ha mostrado favorable de una flexibilización de las reglas ambientales en el país.
Sin embargo, en meses anteriores, como abril o marzo de 2019, la detección de áreas desforestadas se redujo un 49.4 por ciento y 29.5 por ciento, respectivamente.
Expertos explicaron que, por tratarse de un informe "rápido" que actúa como un "teléfono de urgencias" de la Amazonia, los datos pueden verse alterados por factores meteorológicos o incluso por la precisión tecnológica.
"Es un sistema que detecta cada mes las alertas de deforestación y sirve como un teléfono de urgencias del crimen ambiental, pues notifica el Gobierno de las áreas donde se sospecha de una deforestación ilegal", señaló el coordinador de políticas públicas de Greenpeace, Marcio Astrini.
Pese a que se tratan de números todavía no consolidados, Astrini subrayó que, "de cualquier manera, es una situación gravísima", porque evidencia que Brasil está "en la dirección contraria" de mantener los compromisos de conservación ambiental que ha asumido.
El coordinador opinó que las políticas ambientales del Gobierno actual "tienen una relación directa" con la tendencia alcista de la deforestación, ya que "en diversas ocasiones el presidente Bolsonaro y el Ministerio de Medio Ambiente se manifestaron contra las personas e instituciones que combaten el crimen ambiental".
"Es un Gobierno que incentiva la deforestación en el discurso y, en la práctica, crea una serie de normas y reglas que disminuyen la capacidad del Estado de combatir el crimen ambiental", recalcó.
Recordó que el año pasado, bajo el Gobierno de Michel Temer, Brasil experimentó un incremento del 14 por ciento en la deforestación ilegal y alcanzó su mayor nivel para toda una década.
"Por eso es tan preocupante que los datos preliminares de junio apunten un alza con respecto al año pasado, simplemente porque el año pasado es una pésima referencia", sostuvo.
En la misma línea, el director de justicia socio-ambiental de WWF Brasil, Raúl Valle, expresó que Brasil viene aumentando "constantemente" el área de deforestación desde 2012, pero la situación se agravó sobre todo a partir del año pasado con las políticas ambientales de Temer, que "han facilitado la privatización de tierras públicas y han incentivado la deforestación ilegal" como medio de "reivindicar el derecho sobre la propiedad".
Según Valle, el "mensaje" del Gobierno Bolsonaro "fortalece" la idea de que "ya no habrá el mismo rigor a la hora de fiscalizar y castigar los crímenes ambientales".
"De hecho, un 40 por ciento de las alertas de deforestación ilegal este año se han producido en áreas protegidas, en tierras indígenas y de conservación, mientras que en los cinco primeros meses de este año, las multas aplicadas disminuyeron un 30 por ciento", avaló el director.
"La ilegalidad en la Amazonia siempre ha sido grande, pero ahora los grupos ilegales ven las declaraciones y actos del Gobierno como una señal de que pueden avanzar más y no serán retenidos", sentenció Valle.
Desde su campaña para las elecciones del pasado octubre, Bolsonaro se ha mostrado favorable de una mayor flexibilización de las políticas ambientales brasileñas.
Los controvertidos posicionamientos del presidente brasileño han causado polémica en la comunidad internacional.
Mientras que algunos países, como Estados Unidos, han alabado a Bolsonaro, otros, como Francia o Alemania, han rechazado la agenda ecológica del ultraderechista.