Brasilia.- Un grupo de 280 empresas y movimientos ecologistas, que incluye a los mayores bancos y firmas agropecuarias de Brasil, exigió este jueves al Gobierno de Jair Bolsonaro que adopte "metas más ambiciosas" para la protección de la Amazonía.
La demanda está volcada en una carta difundida por la Coalición Brasil, Clima, Florestas y Agricultura y plantea que esas nuevas metas sean presentadas por Bolsonaro en la Cumbre del Clima, que se celebrará en forma virtual los próximos 22 y 23 de abril y ha sido convocada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
"Brasil es considerado un país clave en los esfuerzos globales para el equilibrio climático del planeta y ya probó que es capaz entre 2004 y 2012", cuando fue responsable "de la mayor reducción de gases contaminantes registrada por un único país", dice la carta, que firman, entre otros, los bancos Itaú, Bradesco y Santander.
En ese sentido, el texto señala que la deforestación de la selva amazónica responde por el 40 % de las emisiones de gases de Brasil y subraya la preocupación que existe en el mundo por el aumento de la tala de árboles y los incendios en esa región, que desde 2019, cuando Bolsonaro llegó al poder, han aumentado a niveles históricos.
"A pesar de la clara y creciente preocupación de diversos sectores de la sociedad, nacionales e internacionales, la pérdida de selvas en Brasil avanza en forma rápida y significativa", apunta.
En ese mismo marco, el documento agrega que "es urgente, por lo tanto, que medidas firmes sean renovadas y evitar que ese escenario de destrucción y fuego se repita o se agrave en 2021".
Para revertir esa situación, la coalición plantea una serie de acciones que considera "urgentes" e incluye, entre otros puntos, "la retomada e intensificación de la fiscalización" en la Amazonía, "con un rápido y ejemplar castigo de los delitos ambientales".
En los últimos dos años, por alegadas razones presupuestarias, la vigilancia medioambiental en el mayor pulmón vegetal del planeta se ha reducido, lo que según organismos ecologistas ha favorecido la acción de madereras y agricultores que desforestan en forma ilegal.
El documento también exige ampliar en 10 millones de hectáreas las áreas protegidas; que los créditos para actividades en la región amazónica sean concedidos según "criterios ambientales"; y suspender los procesos dirigidos a regularizar la propiedad de tierras en las que se hayan registrado "atentados" contra el ecosistema.
Además de los mayores bancos del país, la Coalición está formada por organizaciones ecologistas no gubernamentales e importantes empresas del sector agropecuario y alimenticio, que están entre las mayores productoras y exportadoras del país.
La Coalición ya había manifestado su preocupación por el avance de la deforestación en un documento similar dirigido al Gobierno de Bolsonaro en julio de 2020.
También durante el año pasado, un importante grupo de fondos de inversiones globales alertó sobre una eventual retirada de capitales y hasta un posible boicot a las exportaciones de alimentos y madera de Brasil, en caso de que el Gobierno no reforzara el combate a la deforestación y los incendios en la Amazonía.