San Salvador.- La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó este martes una ley de agua que reconoce el acceso al liquido como un derecho humano, pero que ha sido criticada por las organizaciones ambientalistas.
La normativa, cuya anteproyecto fue promovido por el Gobierno de Nayib Bukele y dejó afuera las iniciativas presentadas en el pasado por las organizaciones y la iglesia católica, fue aprobada con 65 votos de los 84 diputados.
La nueva legislación establece que "El Salvador reconoce el derecho humano al agua" y "al saneamiento" como "componentes del derecho a un nivel de vida adecuado".
"El Estado, en todos sus órganos fundamentales de gobierno y sus instituciones, tienen la obligación y la responsabilidad primordial de garantizar el goce efectivo a su población del derecho humano al agua potable y al derecho humano al saneamiento", reza el primer artículo.
Añade que este acceso se debe dar con "equidad e igualdad de género y sin discriminación alguna, asegurando la sustentabilidad ambiental, para las presentes y futuras generaciones".
La Ley General de Recurso Hídrico también establece que "el agua no podrá ser privatizada bajo ninguna condición" y crea la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA).
"La ASA será la instancia superior, deliberativa, rectora y normativa en materia de política de los recursos hídricos", indica la legislación.
Esta entidad estará conformada por un presidente, nombrado por el jefe de Estado, una junta directiva, una dirección ejecutiva, organismos zonales de cuenca y un tribunal sancionador.
La Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, que aglutina a organizaciones sociales, señaló en redes sociales que esta ley no incluye "lo propuesto por las organizaciones ambientales y sociales" y que no contiene todos los "puntos no negociables".
Estos puntos son que el agua se reconozca como bien público, que se establezca su acceso como derecho humano, que su gestión incluya la participación de la población, una gestión sustentable y un régimen económico justo y equitativo.
Anteriormente, el Foro del Agua afirmó que la propuesta de ley del Gobierno de Nayib Bukele "normaliza la injusticia hídrica".
Señaló en octubre que la ley mantiene "los mecanismos enquistados en el Estado que generan injusticia hídrica, favorecen el robo y el despojo del agua" por grandes empresas.
De acuerdo con estudios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), se prevé que para el año 2022 el 80% del territorio del país registre niveles de "estrés hídrico" por la escasez del agua.