México.- Al clausurar los trabajos del Parlamento Abierto sobre la iniciativa que reforma la Ley de la Industria Eléctrica, el presidente de la Comisión de Energía, diputado Manuel Rodríguez González, agradeció la amplia participación, rica en visiones y propuestas, que permitirán contar con “muchos elementos para que lo que se haga sea en beneficio de México”.
“Se han sumado 22 horas de este foro en dos jornadas, entendiendo que se convocó a partir del lunes, con sólo 30 días naturales para el proceso legislativo, pero a pesar del corto tiempo hubo una gran respuesta”, señaló.
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río agradeció la participación de los panelistas, porque a lo largo de este parlamento se pudo entender la reforma energética de 2013, además de que se aprecia de mejor manera la iniciativa enviada por el Ejecutivo. “Fue aclarador de mitos y falacias; reafirmamos la convicción de legislar en favor de los mexicanos”.
Al participar en el sexto y último bloque de este Parlamento Abierto, Raúl Talán Ramírez, experto en temas de eficiencia energética, explicó que la meta de los acuerdos de París se puede lograr con un decremento de 2.2 por ciento anual en las emisiones, de esta fecha al 2030. Es una situación bajo control, dijo, y en lo que compete al sector de generación de energía eléctrica, va en ruta de cumplir.
Añadió que México tiene instrumentos económicos para cubrir sus compromisos nacionales en la materia, como el Fondo para la Transición Energética y Aprovechamiento. Solicitó “a los legisladores que tomen nota porque es el único instrumento de apoyo a programas de carácter social en materia de eficiencia y transición energética”.
En su oportunidad, Oscar Leslee Figueroa Hernández, del Comité de Electricistas Democráticos, señaló que la iniciativa no atenta contra compromisos internacionales, ni contra la no retroactividad de la ley. Indicó que quienes están en contra de la propuesta no quieren perder privilegios otorgados desde hace más de 30 años.
Afirmó que no se debe olvidar ni ignorar que en 1992 se modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, con lo cual “se contravino el artículo 27 constitucional”.
Enseguida, Cosme Artemio Cerecedo Gutiérrez, experto en energías renovables, se pronunció por innovar la estrategia de tecnología para hacer más eficiente la generación de energía eléctrica. Dijo que la CFE es eficiente pero no se le ha permitido innovar y ese es el mayor punto que debe agregarse a la reforma.
Se pronunció por que haya un aprovechamiento de todas las energías residuales en la generación de energía eléctrica, como agua congénita, hidrógeno y CO2. “En lugar de poner más parques eólicos, con la modalidad del hidrógeno, pudiéramos almacenarla y aprovecharla” o emplear el CO2, que es un energético, en el campo.
El consultor independiente, Gregorio Fonseca, propuso que primero se apoye con piso parejo a la CFE frente a grandes empresas privadas, a fin de lograr mejores condiciones, así como promover tarifas bajas y accesibles para pueblos y comunidades alejadas.
Enfatizó que no se deben crear más adeudos históricos que el pueblo no puede pagar, pues es desgastante no tener la respuesta cuando llega el recibo. “Las empresas ven sus intereses y están unidas para sus mejores condiciones, pero hay que poner mucho ojo a los órganos reguladores”.
Carlos Guerrero de Lizardi, profesor e investigador de la división de estudios de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, pidió alinear todos y cada uno de los argumentos presentados, y aseguró que es un mito el desacoplamiento de la energía y la actividad productiva. “No es un debate de más mercado o mejores mercados, se requiere de gobiernos comprometidos en liderar”.
“Se necesita un gobierno con una empresa fuerte, no es un discurso de soberanía, porque ni la regulación o como lo haga otro país, es suficiente”.
El diputado Enrique Ochoa Reza, del PRI, preguntó en cuántos hogares se deberían colocar paneles solares para lograr cumplir los acuerdos de París en materia de demanda eléctrica.
Al dar respuesta, Raúl Talán Ramírez destacó la importancia de los acuerdos de Paris; no obstante, aclaró, estos van cambiando, por lo que para algunos países es usualmente más cómodo que el medio ambiente cargue con los costos de la economía.
Intervenciones y posturas de los ponentes sobre la iniciativa
Carlos Francisco Rodríguez Sámano, representante de la Barra Mexicana de Abogados, refirió que los términos en que está planteada la iniciativa infringen los principios de supremacía constitucional, seguridad jurídica y confianza legítima, fundamentales en el desarrollo del sector. “Consideramos que, de aprobarse, podría afectar al sistema constitucional y legal, al sistema eléctrico nacional y a la sustentabilidad de la industria.
Agregó que la iniciativa elimina los incentivos para lograr una verdadera eficiencia y transición energética, afecta directamente los incentivos para la inversión y pone en riesgo a las inversiones ya realizadas por la iniciativa privada. Puntualizó que para fortalecer a la CFE lo conveniente sería revisar su marco legal para darle las herramientas de decisión y operación que le permitan mejorar su eficiencia y actuar de manera competitiva.
Mauricio Emilio Llamas, consultor de Global Jones Day, afirmó que la reforma debe analizarse a la luz de la relación que tiene con la demás normatividad vigente. Consideró que los legisladores tendrán que ponderar de manera integral los derechos e intereses que están en juego y proponer una reforma que vaya más allá con un plan y programa para los próximos cuatro años, que realmente den resultado.
“Es legítimo fortalecer a la CFE y creemos que es legítimo tomar acciones para garantizar el abasto y la estabilidad del sistema eléctrico, pero debe hacerse valorando el impacto ambiental que se puede generar con ello, la protección a la salud y los compromisos adquiridos a nivel internacional”.
Lourdes Melgar Palacios, académica y consultora en temas energéticos y de desarrollo sostenible, dijo que la implementación de la iniciativa preferente frenaría la transición energética, vulneraria la competitividad, comprometería los derechos a la salud, medio ambiente, trabajo y además no lograría su objetivo principal que es fortalecer a la CFE; por ello, es importante aclarar supuestos, analizar implicaciones y trazar rutas.
“Si no hay certeza jurídica y las leyes pueden ser retroactivas, si no hay compromiso con el medio ambiente y el combate al cambio climático y no se atienden los principios de justicia social y derechos humanos, no solamente no habrá inversiones sino las que ya están aquí, mexicanas y extranjeras, se irán”, agregó.
En su intervención, Severo López Mestre Arana, experto en políticas y regulación energéticas, comentó que se deben repensar aquellas medidas que realmente fortalezcan a la CFE y al sistema en su conjunto, que pueden ser los mecanismos de financiamiento
“Tenemos que pensar en alternativas importantes; me parece que hay muchos elementos que pueden revisarse hacia el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad que, reitero, no necesita encerrar al equipo contrario para salir triunfante”.
Edgar Ocampo Téllez, especialista en energía, puntualizó que la virtud de la iniciativa es condicionar el crecimiento y la expansión de la capacidad instalada de las plantas de generación a la planeación estratégica para evitar su sobredimensionamiento. “Esto es fundamental en el diseño de un parque de generación”.
Subrayó que se debe legislar para que la instalación de parques solares no implique la deforestación de bosques y selvas. Mencionó que los ejidatarios son avasallados por empresas eólicas y solares que “sin escrúpulos” amenazan y desplazan a las comunidades.
Gabriel Baeza Espejel, experto en temas de impacto social y ambiental, dijo que es necesario hacer evaluaciones de impacto con pueblos y comunidades indígenas. “No tenemos la identificación puntual de impactos. No es lo mismo una gran hidroeléctrica, que una mini-hidroeléctrica, que una térmica”.
Mencionó que no se sabe cómo va a impactar la presente iniciativa y destacó la importancia de saber qué opinión tienen los pueblos y comunidades indígenas sobre los proyectos que actualmente se encuentran en sus territorios y cuáles serán los beneficios que tendrán.
Valentina Benítez Martínez, coordinadora técnica del Comité de Constitucional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C., dijo que es fundamental que, de aprobarse la iniciativa, la Secretaría de Energía emita criterios estrictos para que en un momento dado los certificados de energía limpia continúen siendo un incentivo para transitar en las mismas.
Indicó que la iniciativa compromete la subsistencia del mercado eléctrico mayorista, y tendrá como consecuencia irremediable que los usuarios finales paguen precios exagerados por suministro eléctrico o alternativamente se vuelva indispensable una mayor inyección de recursos por parte del Gobierno Federal para mantener los precios artificialmente bajos.
Rafael Mateu Lazcano, profesor en derecho energético de la Universidad Nacional Autónoma de México, comentó que es importante garantizar a la población una tarifa adecuada y la propuesta que hacen es precisamente mantener incrementos que no vayan más allá de la inflación.
“Creo que debe reflexionarse básicamente en que necesitamos una tarifa adecuada para todos los servicios del suministro básico. La CFE siempre ha sido competitiva con las políticas de ahorro de energía, manifestó.
Preguntas y respuestas
El grupo parlamentario del PRI preguntó: a partir del análisis que se ha hecho de la iniciativa preferente ¿cómo sería el nuevo despacho eléctrico y qué retos de costos tiene?
Al responder, Lourdes Melgar dijo que la hidroeléctrica, que es la primera que se despacha, es la que tiene los costos de generación más altos en este momento, de mil 844 pesos por kilowatt/hora; además, las hidroeléctricas grandes no son limpias, generan mucho metano que es más contaminante que el dióxido de carbono.
Después siguen las plantas de ciclo combinado de gas natural que además están muy cercanas en el costo que tienen las grandes hidroeléctricas, pero además generan gases de efecto invernadero contribuyendo con el 19 por ciento de las aportaciones del sector eléctrico.
En las plantas térmicas donde se juntan el carbón, diésel, combustóleo, el costo es de mil 401 pesos por kilowatt/hora. “Como verán es una generación cara y altamente contaminante en términos de emisiones de gas de efecto invernadero”.