Tokio.- El Gobierno de Japón adoptará la estrategia de potenciar la energía solar y la eólica, además de conservar el uso de energías fósiles y de energía nuclear, éstas decisiones han desatado varias críticas por parte de organizaciones ecologistas por considerarlas insuficientes.
El primer ministro japonés, Shinzo Abe, expuso tras la aprobación de la estrategia que las acciones contra el cambio climático "no conllevan un coste económico, sino suponen un camino de crecimiento hacia el futuro".
"Queremos crear un círculo virtuoso y liderar el cambio de paradigma en la política climática del mundo", aseguró el mandatario.
Tokio tiene previsto enviar esta estrategia a Naciones Unidas hacia finales de junio, en el marco de la celebración de la cumbre del G20 en Osaka (oeste de Japón).
Las energías fósiles como el petróleo, el gas natural o el carbón ascenderán al 56 por ciento del total, mientras que la nuclear representará el 20 o el 22 por ciento restante.
Japón e Italia son los únicos países del G7 que no ha remitido su plan de acción a la ONU para mitigar los efectos del cambio climático, tal y como se estableció en el Acuerdo Climático de París de 2015.
Dicho acuerdo ratificado por la mayor parte de la comunidad internacional establecía el objetivo de evitar que el calentamiento global supere los 2 grados Celsius a finales de este siglo respecto a los niveles preindustriales, y mencionaba que sería deseable que éste no superase 1.5 grados.
El procedimiento a largo plazo del Ejecutivo nipón prevé aumentar la proporción del "mix energético" correspondiente a las energías renovables a entre el 22 y el 24 por ciento para 2030.
La estrategia incluye promover el uso del hidrógeno como fuente energética para reducir "al mínimo posible" la dependencia de la energía atómica, en el contexto de intranquilidad pública que causan las plantas nucleares en el país derivada de la catástrofe de Fukushima de 2011.
Un primer borrador del plan llamaba a deshacerse de todas las centrales termoeléctricas de carbón de Japón para 2050, aunque esta medida fue desechada en la versión final debido a la oposición del sector privado debido a su impacto económico.