México.- Al concluir el primer día del Parlamento Abierto “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica”, investigadores y expertos manifestaron sus puntos de vista.
El cuarto bloque del Parlamento Abierto, convocado por la Comisión de Energía, fue moderado por la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, quien señaló que las intervenciones de los ponentes ayudarán a explicar a los ciudadanos esta inminente reforma. “Vamos a reiniciar el día de mañana con más información”.
Intervenciones de los ponentes
Raúl Ortega Salazar, presidente de AMENEER AC, consideró importante darle el peso necesario a la eficiencia energética, porque incide directamente en la huella de carbono y, por otro lado, ayuda a elevar la competitividad de las empresas; el fin es que la industria eléctrica llegue más lejos y sea un motor de crecimiento.
“La iniciativa evitaría la generación adicional de energía eléctrica, lo que bajaría las necesidades de capital a la CFE y le permitiría ser más eficiente; además, da un giro distinto al consumo y podría incluir a las zonas rurales donde en la actualidad no llega la electricidad”, señaló.
Israel Hurtado Acosta, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético, estimó que la iniciativa tiene vicios de inconstitucionalidad y corre el riesgo de ser impugnada en las cortes nacionales e internacionales.
México tiene que cuidar que el clima de inversión sea favorable y que la calificación crediticia internacional se mantenga en buenos lugares. “Una reforma de esta naturaleza puede poner en riesgo el prestigio de México”.
Benjamín Torres Barrón, presidente del Comité de Energía de AMCHAM, dijo que para que el país crezca necesita energía; el desarrollo económico, social y la viabilidad de las empresas dependen del acceso a un suministro confiable, asequible y continuo.
Comentó que la inversión en energía se traduce en innovación, empleo y desarrollo de talento mexicano. El sector representa más del 6 por ciento del Producto Interno Bruto y se convierte en detonador de la economía, pero para ello es necesario garantizar la libre competencia.
El presidente de la Comisión de Energía de la Coparmex, Edmundo Rodarte, señaló que la industria en México requiere alternativas energéticas que le permitan ser competitiva. Asimismo, que la capacidad de generar energía limpia y renovable ha probado tener un costo de generación muy por debajo comparado con otras tecnologías.
Indicó que cambiar el orden de despacho va a resultar en un incremento en las tarifas y daño al medio ambiente, cuando lo que debe buscar es que bajen para poder competir globalmente. Agregó que cancelar las subastas de largo plazo incrementará los costos de energía de la CFE, lo que también elevará los costos para la industria, restándole competitividad.
Gonzalo Arroyo Aguilera, consultor independiente, subrayó que la pieza central de la iniciativa es el cambio de criterio en la forma de asignar y despachar las centrales generadoras.
Resaltó que la reforma plantea modificaciones para que los permisos se otorguen respetando criterios de planificación, que se le reconozca a la CFE los certificados de energías limpias, así como eliminar la exclusividad de subastas, revisar la legalidad y rentabilidad de los contratos suscritos con los productores independientes de energía.
Óscar Ocampo, del Instituto Mexicano para la Competitividad y especialista en temas de energía y comercio exterior relacionados con la implementación del T-MEC, sostuvo que “es imperante que esta iniciativa no se apruebe en sus términos porque las consecuencias las pagaríamos todos los mexicanos al impactar las finanzas públicas. El objetivo de una política energética debe ser beneficiar a todos”.
Afirmó que la reforma representa una expropiación directa y hace inviable la inversión al alentar la generación eléctrica a partir de fósiles, porque es más costoso, contaminante y con una infraestructura obsoleta coloca a México en condiciones desventajosas. Además, se corre el riesgo de violar los tratados internacionales signados por el país y se perderá la certeza jurídica.
Raúl Valdez, especialista en temas energéticos, explicó que a la CFE le falta ser más agresiva en los negocios, porque su función es prestar el servicio público eléctrico con criterios de suficiencia, competitividad, sustentabilidad y comprometido con la satisfacción de los clientes, el desarrollo del país y la preservación del medio ambiente.
Recomendó ser objetivos y evitar llegar a la confrontación, porque la reforma energética se fue viciando hasta distanciar lo privado y lo público. Indicó que por cada planta de la CFE se asignaban cuatro a los privados y se manejaban los mismos ciclos combinados y contaminación, por lo que no debería calificarse negativamente a los particulares.