Lima.- El área afectada por el derrame de petróleo ocurrido el sábado pasado en una refinería operada por Repsol en Perú ya supera los 2.9 kilómetros cuadrados de mar y costa, informó el organismo público a cargo de la supervisión y fiscalización ambiental de este desastre ecológico.
A través de un comunicado divulgado en las redes sociales, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa), adscrito al Ministerio del Ambiente, detalló que la extensión de la zona afectada para la franja de playa y litoral es de 1.4 kilómetros cuadrados, mientras que para el mar es de 1.18 kilómetros cuadrados.
En total, se estima que el daño ambiental del derrame, que alcanzó los 6 mil barriles de petróleo, suma hasta la fecha 2,926,916.7 metros cuadrados, una cifra abismalmente superior a los 18 mil metros cuadrados que se habían reportado inicialmente.
El OEFA calcula que son 17 las playas afectadas con hidrocarburos, las cuales se extienden a lo largo de unos 50 kilómetros del litoral peruano, desde la Refinería La Pampilla, ubicada en el distrito de Ventanilla en la provincia del Callao, hasta la playa Peralvillo, en el municipio de Chancay.
Por otro lado, el organismo informó que exigió a la refinería la entrega de un reporte sobre el avance de la ejecución de las actividades que debe cumplir según las medidas administrativas que dictó el propio OEFA y que dan hasta 10 días a la empresa para limpiar las zonas afectadas por hidrocarburos.
De no cumplir con estos plazos, la empresa deberá asumir una multa de hasta 460 mil soles (unos 119 mil 600 dólares).
De forma paralela, y según se desprenda de las investigaciones iniciadas a nivel del Ejecutivo y la Fiscalía por presunta contaminación ambiental, la compañía afronta una posible sanción económica que podría alcanzar los 138 millones de soles (unos 36 millones de dólares), según adelantó en la víspera el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez.
Emergencia climática de interés nacional
En ese contexto crítico en materia ambiental para el Perú, el presidente Pedro Castillo firmó un decreto supremo que declara de interés nacional la emergencia climática y obliga al Estado a asumir "compromisos concretos" para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y mitigar los efectos del cambio climático.
"Esta norma es una apuesta por un país más justo y más solidario, donde el daño ambiental que causan las empresas tiene que ser frenado", declaró Castillo desde la playa Cavero, una de las más afectadas.
El mandatario acudió a esta zona del distrito de Ventanilla acompañado del titular del Ambiente y de la primera ministra, Mirtha Vásquez, quien anunció que el Gobierno logró un acuerdo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas para enviar al país un equipo de "expertos en desastres ambientales para asumir la labor de asesoramiento gratuito al Estado peruano".
Asimismo, la primera ministra reveló que, entre los compromisos asumidos por Repsol, figura la entrega de canastas de productos básicos para las familias que viven en las zonas afectadas por el derrame, así como la contratación de pescadores artesanales para que realicen las labores de limpieza.
El Gobierno peruano, que calificó el derrame como "el peor desastre ecológico" en los últimos años, pidió la víspera a Repsol que actúe de forma urgente en la remediación de este desastre natural y cuestionó que la empresa haya minimizado el suceso en un inicio, cuando informó de solo 0.16 barriles derramados.
En medio de las críticas y pedidos de sanción, la compañía emitió un comunicado en el que se deslindó de responsabilidades y aseguró que el derrame de crudo "fue ocasionado por un fenómeno marítimo imprevisible por la compañía".
En la misma línea se expresó el miércoles la gerente de comunicaciones y relaciones institucionales de Repsol Perú, Tine Van Den Wall Bake, quien negó que la empresa haya ocasionado el desastre ecológico y mencionó el silencio de la Marina de Guerra, que no lanzó alerta de tsunami tras la erupción volcánica cerca de la isla de Tonga.