Río de Janeiro.- De acuerdo con Greenpeace, estos tres meses de la gestión de Bolsonaro, el Gobierno de Brasil se ha concentrado en “una agenda antiambiental" y adoptado medidas que ponen en peligro a la Amazonia, incluso podrían fomentar la violencia en la región.
Marcio Astrini, coordinador de Políticas Públicas de Greenpeace, señaló en un comunicado. "Los criminales que destruyen el bosque y roban nuestras riquezas, los vendedores de agrotóxicos que contaminan nuestra comida y los que quieren tomar las tierras de las poblaciones indígenas son los únicos que tienen algo que celebrar".
Para esta Organización, de continuar el rumbo actual, el Gobierno de Bolsonaro puede "botar al piso décadas de esfuerzos en el combate a la deforestación, poner en riesgo la salud de la población y traer un incalculable perjuicio económico y de imagen al país".
El mandatario de Brasil no ha recurrido a ninguna medida para combatir la deforestación en la Amazonia desde que asumió el cargo, y 'destruyó' la cartera de Medio Ambiente...
De acuerdo con Greenpeace, el mandatario de Brasil no ha recurrido a ninguna medida para combatir la deforestación en la Amazonia desde que asumió el cargo, y "destruyó" la cartera de Medio Ambiente, al poner al mando a Ricardo Salles, condenado por la Justicia por irregularidades en un plan ambiental, que al parecer favoreció a empresas mineras, cuando tenía un cargo público regional.
La Organización ambientalista acusó a Bolsonaro de promover un "ataque sin precedentes a los pueblos indígenas" al trasladar al Ministerio de Agricultura la responsabilidad por la demarcación de tierras, una gestión que antes estaba bajo la coordinación de la cartera de Justicia.
Para la organización, la decisión del ultraderechista de examinar "todas las demarcaciones que pueda" y "abrir tierras indígenas para explotación agropecuaria y minería", "estimularán" más invasiones y violencia en el campo.
El interés del presidente por explotar la región de la Amazonia junto con Estados Unidos fue considerado por Greenpeace como un "insulto" a la soberanía nacional.
"Además de ilegales, tales actos también insultan la soberanía nacional, ya que áreas protegidas y tierras indígenas, que hoy pertenecen a la Nación, podrían ir a parar en manos de empresas extranjeras", informó Greenpeace en el comunicado.
La ONG también denunció que en estos tres meses ya se ha autorizado el uso de 121 nuevos agrotóxicos, de los cuales el 41 por ciento se clasifica como "extremadamente tóxicos" y al menos cuatro de ellos han sido prohibidos en varios países por ser considerados nocivos para la salud humana.