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Integridad ambiental, el camino para la reducción real de emisiones de GEI

Integridad ambiental, el camino para la reducción real de emisiones de GEI

La integridad ambiental tiene que ser el camino para asegurar que los mercados internacionales lleven a reducciones reales de emisiones de gases de efecto invernadero, a través del artículo 6 del Acuerdo de París que regula los mercados de carbono, y evitar la "doble contabilidad".

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Una pescadora en el río Susquehanna cerca de la central nuclear de Three Mile Island en Middletown, Pensilvania (Estados Unidos). Efe/Archivo/Chris Gardner

Madrid.- En la séptima jornada de la Cumbre del Clima celebrada en Madrid, que inaugura la semana de las negociaciones intergubernamentales tras la llegada de los ministros de cada país, con la promesa de elevar la ambición climática, miembros del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) dijeron que la integridad ambiental es el camino para asegurar las reducciones de emisiones de gases.

"Necesitamos mecanismos que no dañen la integridad ambiental", ha asegurado la directora del Programa de Cambio Climático del IDDRI, Lola Vallejo, así como "normas estrictas para que la reducción de gases de efecto invernadero no sea contada dos veces".

Esta "doble contabilidad" se refiere precisamente a esto, cuando dos países usan créditos de carbono por lo que la reducción de emisiones que se contabiliza no es "real".

"Si un actor privado lanza un proyecto de reducción de emisiones en un país X y los créditos de carbono que se desprenden de esta reducción -que se venden a otros países o actores para que puedan cumplir con sus compromisos de reducción de emisiones- los vende a un país, pero también los usa el país donde el proyecto se desarrolla, esta doble contabilidad no representa una reducción real", según Vallejo.

Este asunto se debatirá esta semana en las negociaciones de la ONU en la COP25, con especial relevancia en tres de los apartados: el 6.2 referido al mecanismo entre Estados, el 6.4 relacionado con la participación del sector privado y el 6.8, con enfoques de "no mercado".

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