México.- El Plan de reactivación económica que anunciará el Gobierno de México en tres días tiene que reconsiderar el aporte de las energías renovables en la economía, en la protección del medio ambiente y la generación de empleos dignos y permanentes, asegura Greenpeace México.
Al mismo tiempo, señala que los estímulos contenidos en dicho plan deben evitar que se agudice aún más la crisis ecológica, y estar dirigidos a preservar la salud y la integridad de los ecosistemas, además de promover la justicia social.
“El gobierno tiene la oportunidad histórica de incluir la protección del medio ambiente y el bienestar de las personas en el centro del plan de reactivación económica, el cual, además de amortiguar los efectos colaterales ocasionados por la pandemia y el desplome de los precios del petróleo en el corto plazo, no debe perder de vista que en el mediano y largo plazos tenemos otra crisis con la cual lidiar: la del cambio climático y sus efectos en los ecosistemas y el bienestar futuro y duradero de la gente”, expone.
Demanda que el plan no inyecte estímulos económicos ni financieros adicionales en los sectores industriales más contaminantes, como el de hidrocarburos, el agroindustrial o los que promueven el consumo irracional de bienes.
“Un momento disruptivo como este ofrece la oportunidad de repensar y proyectar en qué mundo queremos vivir las próximas dos generaciones, pero sin duda debe ser uno con el menor riesgo para el clima y la gente”, advierte Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greenpeace México.
Desde la perspectiva de Greenpeace, el Plan de recuperación económica debería considerar cambiar el modelo de consumo y producción predominante hacia uno nuevo de economía circular, que coloque al medio ambiente y al bienestar de los seres humanos en el centro de las políticas públicas y no a los intereses corporativos.
Asimismo, garantizar la autosuficiencia alimentaria mediante la producción agroecológica, sustentable y saludable que conecte el campo con la ciudad a través de las cadenas cortas agroalimentarias libres de agrotóxicos, transgénicos y plásticos; los recursos públicos deben reorientarse hacia la apertura de mercados de comercio justo y medios de distribución de producción local, ya que en tiempos de crisis, el acceso a los alimentos producidos localmente es estratégico.
Además, mejorar la infraestructura y espacio público mediante la descarbonización del transporte e impulsando las energías renovables, para lo cual se requiere renovar las flotas de transporte público con unidades eléctricas en las zonas metropolitanas más contaminadas del país (con más de 500 mil habitantes), y adaptar la red eléctrica nacional para favorecer la generación distribuida de energía a partir de fuentes renovables.
También, acelerar la transición energética con generación de empleos verdes mediante la reactivación de las subastas eléctricas que promuevan el desarrollo, innovación y utilización de energías renovables que permita alcanzar las metas de la Ley de Transición Energética a 2024, así como abastecer las necesidades energéticas del país.
“Estas son medidas que permitirían generar una verdadera soberanía energética y una mayor resiliencia ante la crisis económica y climática, por lo que el plan de reactivación económica es una gran oportunidad para redirigir los esfuerzos nacionales hacia un México justo y verde que, además de hacer frente a los efectos de la pandemia ocasionada por COVID-19, transforme nuestra sociedad en una más resiliente al cambio climático y sus consecuencias más destructivas”, concluye Ampugnani.
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