Ciudad de México.- La lenta dinámica de crecimiento de vehículos ligeros eléctricos, la incertidumbre en la política pública de electromovilidad, la ausencia de instrumentos financieros para proyectos de infraestructura de recarga y el desconocimiento de programas internacionales de fondeo son las principales barreras que frenan la transición en México hacia la electromovilidad en el sector de vehículos privados.
Así lo revela el reciente análisis elaborado por el Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México, por sus siglas en inglés) Infraestructura de carga para vehículos eléctricos CFE-PAESE, financiado por UK PACT México.
El transporte ocupa el segundo puesto entre los sectores que más contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial y consume más de la mitad de la demanda de petróleo en el planeta. De continuar esta tendencia (160% de crecimiento entre 2001 a 2017), dice el análisis, las emisiones de transporte podrían duplicarse para mediados de siglo.
Como parte de los esfuerzos para mitigar las emisiones en la principal fuente contaminante en México, la electromovilidad ha demostrado ser una alternativa al transporte motorizado, la cual es social, económica y ambientalmente amigable.
Angélica Mazorra, líder de proyectos de planeación y transporte de WRI México, explicó que uno de los impedimentos identificados para la adopción de las tecnologías cero emisiones es contar con una infraestructura de recarga confiable para usar los vehículos eléctricos en carreteras.
“Se han hecho algunos esfuerzos para generar planes y estrategias, sin embargo, no existen aún instrumentos que den una señal clara de transformación del sector de vehículos ligeros hacia tecnologías cero emisiones”, dijo.
El crecimiento de más del 450% en los últimos seis años en las ventas de vehículos híbridos conectables y eléctricos, aunado al esfuerzo de instalar estaciones de carga en las principales ciudades mexicanos, aún no está acompañado de instrumentos económicos y de incentivos que promuevan el despliegue masivo de recursos hacia la movilidad eléctrica.
“Se ha identificado un dilema: no se construyen suficientes puntos de recarga para el tamaño del parque automotor de vehículos eléctricos y, a su vez, no se venden tantos autos eléctricos por la falta de infraestructura de recarga, por lo que es relevante romper esta dinámica. Contamos con los actores que podrían dinamizar el mercado de infraestructura eléctrica en carreteras, y es el momento de actuar”, formuló.
Por su parte, la CFE deberá definir cuál sería su rol dentro del proceso de la electromovilidad, el cual podría consistir desde fungir como un simple proveedor energético, hasta constituirse como un integrador del servicio que asuma todos los riesgos, tal como sucedió con PEMEX y las gasolineras en décadas pasadas.
Entre los hallazgos del documento, se mencionan la falta de incentivos tributarios claros y la existencia de una legislación que opera desvinculada de la realidad de la industria, por lo que se propone iniciar un debate al más alto nivel para pasar de la discusión a la realidad, y señala que es el momento de dinamizar y construir el ecosistema de la electromovilidad en México.
Para superar las barreras descritas, se identifican varias acciones, y entre las más importantes están: establecer y publicar las metas nacionales para electromovilidad; actualizar la legislación para la modificación de proyectos eléctricos en carreteras federales; la reventa de energía para propósito de recarga (para lo que se requiere aclarar cuáles son todos los tipos de actores para brindar certeza jurídica) y lograr una regulación que permita la ubicación de electrolineras en gasolineras preexistentes.
El estudio también muestra que las estaciones de recarga son potenciales centros de empleo y para el desarrollo socioeconómico de poblaciones aledañas, y que brindan oportunidades de desarrollo personal y profesional, así como espacios seguros, accesibles e incluyentes para las personas usuarias.
Asimismo, identifica las rutas donde deberían instalarse al menos 200 estaciones de recarga en las principales carreteras que conectan a ciudades clave en los estados de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas y Nuevo León.