Cartagena.- Durante el cierre del Quinto Diálogo Regional de América Latina y el Caribe, organizado por la Iniciativa para la Financiación de la Biodiversidad (Biofin) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), expertos internacionales mostraron el camino a seguir para implementar acciones tomadas en otras regiones del mundo.
"Tenemos casos como los de Filipinas, Indonesia y Sudáfrica, en donde se hizo de manera exitosa una nueva legislación para las áreas de conservación. Esos fueron algunos de los primeros casos en esta materia en apoyo al medio ambiente y a la comunidad", destacó el coordinador general de Biofin a nivel global, Onno van den Heuvel.
El reto de la legislación parece ser el más complejo en América Latina, ya que en algunos países de la región las normativas vigentes del tema se encuentran atrasadas y, además, su modificación no depende únicamente de los especialistas ambientales sino también de las instituciones políticas.
"En el caso de Costa Rica, tenemos leyes vigentes de 1998. Todos los procesos han crecido de una manera exponencial y por supuesto una ley de hace 20 años no habla de mucha información reciente", señaló la directora de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad de Costa Rica (Conagebio), Ángela Gónzalez.
Asimismo, detalló que para lograr grandes cambios "se requiere de la asamblea legislativa", momento en el cual "el cambio ya no depende de nosotros", e instó a "modificar, simplificar y mejorar el servicio de las personas involucradas en la conservación".
En Colombia, país anfitrión del diálogo, solamente en los últimos años se ha empezado a legislar en favor de la conservación con estrategias como los impuestos que multan a los grandes emisores de carbono, un proyecto de ley instaurado en 2017.
La situación de pérdida de biodiversidad afecta de manera desproporcionada a las poblaciones en mayor vulnerabilidad.
"Se han empezado a hacer grandes esfuerzos, pero los retos siguen siendo enormes, la biodiversidad se sigue perdiendo y el planeta se sigue calentado aceleradamente", añadió la representante residente del PNUD en Colombia, Jessica Faieta.
La vocera del país andino también señaló que "la situación de pérdida de biodiversidad afecta de manera desproporcionada a las poblaciones en mayor vulnerabilidad", siendo estas las más damnificadas al residir directamente dentro de las áreas de conservación.
El fenómeno de crecimiento residencial en áreas protegidas se viene presentando por la instalación de viviendas irregulares en zonas de conservación ambiental, motivo por el cual también se ha generado un reto para la regulación de estas personas y sus viviendas.
"Es difícil hablar de conservación cuando hablamos de vulnerabilidad, de pobreza en algunos casos y de gente que vive en las propias áreas protegidas", subrayó la consejera del ministerio de Ambiente de Ecuador, Karina Barrera.
De igual forma, apuntó que además de la conservación "el tema del conflicto por el uso de suelos" ha significado otro gran reto para su país.
Por último, la asesora del ministerio de Hacienda de Chile, Johanna Guzmán, resaltó el trabajo que se ha llevado a cabo en el país austral con el fin de apoyar la aplicación de una "estrategia nacional de biodiversidad" para reducir el riesgo de vulnerabilidad ambiental y social.
"Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático, cumplimos siete de las nueve características de vulnerabilidad y por esto afrontamos un reto enorme", concluyó.