Madrid.- El Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe es una herramienta que permitirá "tutelar procesos de recuperación sostenibles postpandemia que necesitarán de inversiones públicas y privadas en la región", según el jefe de Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la Cepal.
Así lo señala Carlos de Miguel, que lidera esa departamento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en un panel virtual organizado por la Revista Claves21 y LatinClima, en el marco de la iniciativa del podcast RAÍZ sobre biodiversidad, con el apoyo de Earth Journalism Network.
Según De Miguel, el planeta afronta una "situación dramática" debido a la pandemia, y los países de Latinoamérica y el Caribe están "sumamente afectados" y afrontan además el impacto de algunos fenómenos climáticos extremos de difícil arreglo ante "la reducción en los presupuestos en los ministerios de Medio Ambiente".
"Muchos conflictos ambientales se han exacerbado en la región", según el representante de Cepal, por lo que el Acuerdo de Escazú -que entró en vigor el 22 de abril de este año- permitirá "incorporar el diálogo, para construir una recuperación transformadora, resiliente y duradera en el tiempo".
El Acuerdo de Escazú -conocido así por la localidad costarricense donde se firmó el 4 de marzo de 2018- fue ratificado por 24 de los 33 países de la región, quedando aún por firmar el documento países como Chile o Colombia.
Por ello, De Miguel, invita a los países no firmantes a adherirse al compromiso por el acceso a la información, a la justicia en temas ambientales y la participación pública, un proceso "vigilado por los gobiernos".
La Cepal se encarga de "coordinar las actuaciones en la región" y "buscar la cooperación" de otros países y entidades internacionales que brinden apoyos para la implementación del Acuerdo, un documento que recibió el apoyo de -entre otros- Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El objetivo de la Cepal es defender la implementación del Acuerdo en relación al acceso a los derechos y protección de los defensores ambientales y la instrumentalización para el cumplimiento con otros compromisos internacionales como el Acuerdo de París o la Convención Marco del Cambio Climático, sin embargo su misión "no es tutelar los procesos de inversión, solo que sean sostenibles, con el fin de evitar conflictos".
Según De Miguel, en algunos países, el Acuerdo de Escazú ya se está implementando "con algunas buenas prácticas, con algunos gobiernos y sistemas judiciales que lo adoptan como referencia en ellas".
Por su parte, el director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Cepal, José Luis Samaniego, afirmó que la pandemia "retrasó el piso" en el que empezó la andadura del Acuerdo de Escazú, por -entre otros motivos- el relajamiento en procesos ya existentes, por lo que habrá que recuperar esos espacios y progresar.
La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, por su parte, explicó el desarrollo del Acuerdo de Escazú desde sus orígenes en 1992 en Río de Janeiro, y adelantó que la primera reunión de las partes (COP1) está previsto que se realice en abril de 2022 en Santiago de Chile.
Bárcena expuso que el Acuerdo cuenta con un Observatorio de democracia ambiental y un Comité de Seguimiento del mismo y se implementa de acuerdo a la Agenda 2030 de Naciones Unidas.