El mundo necesita abordar simultáneamente la recuperación económica del COVID-19 y la crisis climática. Lo anterior presenta una oportunidad única para reestructurar las economías al ritmo y la escala que requiere la ciencia climática mediante un camino de crecimiento de bajo carbono, sostenible, inclusivo y resiliente.
Sin embargo, para que los países de ingresos bajos y medianos reduzcan sus emisiones y avancen en la transición hacia economías bajas en carbono, y se adapten a los impactos del cambio climático, necesitarán del apoyo técnico y financiero de los países de ingresos altos.
El financiamiento climático es indispensable para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París para el 2030. El reto de cómo alcanzar la escala y modalidades de financiamiento climático necesarias para la adecuada implementación del Acuerdo de París seguirá siendo uno de los temas más desafiantes en las negociaciones climáticas de la reunión de Glasgow de noviembre próximo.
¿Cuál es el estado actual de las finanzas climáticas?
En diciembre de 2009, en la COP15 en Copenhague, los países desarrollados acordaron proveer fondos especiales para financiar las acciones de los países en desarrollo con el objetivo de mitigar las emisiones y adaptarse a los efectos del cambio climático.
Se comprometieron a proporcionar en el corto plazo recursos financieros “nuevos y adicionales” a la Asistencia Oficial para el Desarrollo por un valor aproximado de $US 30 mil millones para el periodo 2010–2012. Esto fue conocido en el marco de las negociaciones climáticas como “financiamiento de arranque rápido” (fast start finance).
Estos recursos serían complementarios de los fondos hacia el 2020 donde se “movilizarían” conjuntamente por lo menos $US 100 mil millones por año con el objetivo de atender las necesidades de inversión climática de mediano plazo los países en desarrollo.
En la COP21 en París, el objetivo de movilización de $US 100 mil millones por año se pospuso hasta 2025, pues no había perspectivas de poder cumplirlo antes de ese plazo. El Artículo 9 del Acuerdo de París establece que se desarrollará un sistema de monitoreo, reporte y verificación (MRV) del financiamiento para las Partes.
Los mecanismos iniciales para la ejecución de recursos serían el Fondo Verde para el Clima y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, entidades encargadas del funcionamiento del Mecanismo Financiero de la Convención, y también el Fondo para el Medio Ambiente Mundial mediante dos de sus fondos: uno para los Países Menos Adelantados y el Fondo Especial para el Cambio Climático.
El progreso de la movilización del financiamiento ha sido lento, y la meta no se ha cumplido. De acuerdo con el informe más reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2018 (el año más reciente para el que hay datos disponibles) la cifra total movilizada había alcanzado alrededor de $US 79 mil millones, y la mayor parte del crecimiento en los cuatro años anteriores ha sido en forma de préstamos y no recursos a fondo perdido.
Para la COP26 de Glasgow, uno de los temas pendientes es estimar la meta de financiamiento post 2025. Estimaciones del Banco Mundial, la OCDE y el Foro Económico Mundial establecen que son necesarios $5 millones de millones (trillions) de dólares anuales para 2030 y $8 millones de millones (trillions) anuales para transitar hacia la meta de cero emisiones netas al 2050, tan sólo para mitigación.
Por otra parte, los costos de adaptación calculados por ONU Medio Ambiente se encuentran entre $140 y $300 mil millones de dólares (mdd) anuales para 2030 y entre $280 y $500 mil mdd anuales para el 2050.
La comunidad internacional se enfrenta no sólo con el reto de cumplir esta meta, sino también al reto de aumentar su ambición en mitigación de emisiones y apalancar recursos privados.
Lo anterior debe hacerse de forma transparente para conocer cuántos recursos se han comprometido y desembolsado y a través de qué tipo de mecanismos. Sólo así se podrá estimar los recursos faltantes para atender adecuadamente la crisis climática
Revitalizando las economías e invirtiendo en recuperación verde
La Cumbre del clima convocada por el presidente Joe Biden, y la presentación de su plan climático internacional supone un empuje para el futuro del financiamiento climático.
Además de este anuncio, en esta cumbre se confirmaron compromisos más ambiciosos de mitigación por parte de la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, China, e India entre otros. Sus nuevos compromisos irán acompañados de las inversiones en la agenda climática que hacen de esta crisis una oportunidad de reformar sus economías en el largo plazo.
En las reuniones recientes del G7 y el G20 se hicieron llamados al cumplimiento de la meta de 100 mil mdd, que en realidad es sólo el 1% de lo que se necesita para cubrir lo necesario para mitigación. Asimismo, uno de los logros fue que por primera vez se endorsó abiertamente la necesidad de establecer un Precio al Carbono.
Este precio puede adoptar diferentes formas: impuestos a los combustibles, aranceles fronterizos a productos importados, mercados de comercio de emisiones, etc. Estos mecanismos, que son complementarios a las políticas públicas tradicionales, ayudarán a acelerar el paso hacia la neutralidad de carbono para el 2050.
Financiamiento climático en el contexto nacional
México ha recibido históricamente financiamiento climático a través de una variedad de mecanismos, tanto de organismos financieros multilaterales como de agencias de cooperación bilateral.
En este NDC el componente de mitigación divide las medidas en no condicionadas y condicionadas. Las segundas se refieren a aquellas que requieren del establecimiento de un nuevo régimen internacional de cambio climático en el cual México pueda acceder a tecnologías y a recursos financieros de diversos tipos.
El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) realizó un ejercicio de cálculo de costos de 30 medidas de mitigación aplicables a ocho sectores económicos, que respaldarían el compromiso no condicionado de reducción de emisiones de los NDC.
El monto de las inversiones estimadas por el INECC ascendían a poco más de 126 mil mdd devengados a lo largo del periodo 2014–2030, con los cuales estimaban se podría alcanzar una mitigación de 1,520 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente vis-a-vis un escenario de inacción ante el cambio climático durante el mismo periodo.
Por su parte, el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), estimó que la movilización de financiamiento relacionado con el cambio climático en México durante el periodo 2014–2018 fue de $7,703 mdd, lo que representa solo el 6% de la meta estimada por el INECC para la implementación de la NDC de México.
México debe determinar cuáles inversiones de las rutas de descarbonización profunda (basadas en acciones costo efectivas) están ausentes y se necesitan de manera más urgente, y cuáles son las que ya se están llevando a cabo para el cumplimiento de los Acuerdos de París.
Alcanzar estas metas no se logrará sólo con recursos gubernamentales. Es indispensable que el Gobierno Federal garantice las condiciones de política y de certidumbre jurídica para incentivar a que las inversiones privadas en sectores clave como los de energía y transporte se sumen para el cumplimiento de nuestras metas de mitigación ante el Acuerdo de París.
A partir del 2018 la movilización de recursos por parte de la Federación a temas de medio ambiente y cambio climático disminuyó aún más que en años anteriores. Muy grave resultó el hecho de que en el 2020 la Comisión Federal de Electricidad clasificó 41 mil millones de pesos de inversiones en ductos y otra infraestructura para gas natural como presupuesto invertido en el combate al cambio climático.
Este tipo de errores por desconocimiento o por cualquier otra razón se verán muy mal en las evaluaciones que hagan de México los sistemas internacionales de MRV. De igual forma recibirá una mala evaluación el hecho de que en los últimos dos años el gobierno federal ha frenado inversiones en energías renovables del sector privado e incluso ha puesto en amenaza, al intentar cambiar las reglas del despacho de electricidad, cuantiosas inversiones ya realizadas como resultado de las tres subastas eléctricas ejecutadas en 2016–17.
Con estas políticas que frenan la inversión privada en proyectos que ayudan a la mitigación de nuestras emisiones, México apunta al incumplimiento de sus metas de París.
Para incentivar la inversión privada en mitigación climática, además de corregir la política sobre electricidad que hoy favorece a los combustibles fósiles, se deben revisar instrumentos económicos como el impuesto al carbono que ya tiene México en sus combustibles.
Pero esto tiene que ser parte de una Política de Estado de Cambio Climático en la que los partidos de oposición apoyen decididamente al Gobierno Federal en introducir un incremento al precio de los combustibles, cuya recaudación se etiquete con transparencia para inversiones en adaptación y mitigación climática.
Sin embargo, varios partidos de oposición se han dedicado a atacar al gobierno pidiéndole que baje (subsidie) los precios de los combustibles buscando sólo un golpeo político y su propio lucro partidista.
Otro instrumento que se puede aprovechar aún más es el de los bonos verdes, un instrumento de deuda ligado a inversiones rentables de bajo carbono (como el bono soberano sustentable emitido por la Secretaría de Hacienda en 2020).
La experiencia en la emisión de bonos verdes en México ha ido en aumento en estos últimos años y se considera que estos seguirán desempeñando un papel relevante para financiar la transición de las economías hacia fuentes de energía de bajas emisiones.
Esto servirá para potenciar la respuesta del sector privado, respondiendo a políticas corporativas o políticas públicas. También será útil de proyectos sostenibles para gobiernos subnacionales.
Es vital el involucramiento del sector financiero en temas de cambio climático y México poco a poco ha ido avanzando por la influencia de políticas corporativas internacionales.
Un indicador de este interés es la creación del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, para promover las mejores prácticas sobre sustentabilidad y la movilización de capitales para financiar la transición hacia una economía sin emisiones de carbono, socialmente equitativa y resiliente a los impactos del cambio climático.