Más de un centenar de países firmantes de la iniciativa Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas se disponen a recuperar 800 millones de hectáreas degradadas, una superficie equivalente a la superficie de China, a lo largo de los próximos 10 años, indica la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Restaurar las tierras degradadas representaría enormes beneficios para las personas y el planeta si consideramos que tres cuartas partes de la tierra que no está cubierta de hielo ha sido alterada por el ser humano para satisfacer la creciente demanda de alimentos, materias primas, carreteras y hogares, según afirma la Organización de las Naciones Unidas.
Al conmemorar el Día Mundial Contra la Desertificación y la Sequía el pasado 17 de junio con el lema "Restauración. Tierras. Recuperación", el organismo internacional señala que en la actualidad, evitar, ralentizar y revertir la pérdida de tierra productiva y de ecosistemas naturales es tan urgente como esencial para lograr una rápida recuperación tras la pandemia, y garantizar la supervivencia a largo plazo de las personas y el planeta.
Argumenta que la restauración de las tierras degradadas contribuye a la resiliencia económica, la creación de empleo, el aumento de los ingresos y una mayor seguridad alimentaria.
Mediante la restauración de los suelos, añade, también se recupera la biodiversidad, se captura el carbono atmosférico que calienta la Tierra, con lo cual se reduce el efecto del cambio climático, y se favorece una recuperación verde tras la pandemia de COVID-19, ya que la restauración de los paisajes naturales reduce el contacto directo entre la vida silvestre y los asentamientos humanos, lo que crea una barrera natural contra las zoonosis.
La desertificación se entiende como la degradación continua de la tierra en áreas áridas, semiáridas y subhúmedas a causa de factores naturales y artificiales que incluyen variaciones climáticas y actividades económicas, legales o ilegales, como la tala indiscriminada de árboles, la minería y la sobreexplotación de las tierras.
En 2006, la Red Mexicana contra la Desertificación RIOD-México explicó en un documento el concepto de “tierras”: inclusivo y complejo, abarca los suelos, con atmósfera y biota; vegetación; infraestructura y una serie de determinaciones culturales: derechos de propiedad, gobernabilidad, vínculo patrimonial y territorial.
Agregó que las tierras son el sustento básico de la reproducción de los ecosistemas, por lo que enlazan a diversos temas de la agenda económica, social y ambiental, por lo que la degradación de las tierras se considera un tema global.
En su diagnóstico revelaba que el territorio nacional “acusa degradación sustancial en 45.06%, principalmente por pérdida de fertilidad (16.97%); erosión hídrica (10.06%), erosión eólica (8.98%) y un significativo 4% por salinización de las tierras irrigadas, generada en un 93% por deficiente manejo de las tierras: 38.8% en la agricultura; 38.4% en la ganadería y 16.45% en las actividades forestales.
Tal afectación representaba la pérdida anual de 540 millones de toneladas de azolves, la inutilización de 10 mil hectáreas de las mejores tierras de riego, deforestación de entre 300 mil y un millón de hectáreas anuales, así como una contribución sustancial a las pérdidas económicas calculadas por el INEGI en el Producto Neto Ecológico en 10.6% del PIB, que incluye pérdida de productividad, pérdida de los activos naturales y efectos extraparcelarios de la degradación de las tierras, como la emigración de 500 mil familias en los tres primeros años del Tratado de Libre Comercio por falta de sustento en sus tierras empobrecidas.
Con el fin de reducir la desertificación en el país, la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República aprobó el 13 de abril de este año la reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el fin de desarrollar políticas públicas que generen en el mediano plazo un país rico en productos forestales, con base a una planeación estratégica y definida, fomentar la conservación de la biodiversidad y mejorar la calidad de los recursos naturales mediante su aprovechamiento sustentable.
La Semarnat indicó que México ratificó, en febrero de 1995, su adhesión a la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, con lo cual asumió el compromiso de impulsar acciones para combatir ese fenómeno y la sequía.