En un paso audaz hacia la preservación del planeta y la protección de las generaciones futuras, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas lanzó una guía transformadora que establece un marco legal sólido para asegurar un medio ambiente limpio y sostenible para los niños y las niñas.
Con un enfoque especialmente agudo en la crisis climática, estas medidas legislativas y administrativas trascendentales imponen la responsabilidad a los Estados de abordar la degradación ambiental y el cambio climático de manera decisiva y urgente. "Los niños tienen el derecho a un medio ambiente limpio y los Estados el deber de garantizárselo", sostiene la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La recién adoptada Observación General nº 26 representa una culminación de esfuerzos colaborativos, con dos rondas de consultas que involucraron a países, instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones internacionales, la sociedad civil, expertos en el campo y, lo que es más importante, los niños mismos.
Provenientes de 121 países, más de 16,000 jóvenes contribuyeron, compartiendo sus experiencias sobre los impactos negativos de la degradación ambiental en sus vidas y comunidades, reafirmando su derecho fundamental a un entorno saludable y sostenible.
Kartik, un activista de 17 años por los derechos de la infancia y el clima en la India, quien también es asesor del Comité, expresó: "Los niños son los arquitectos, líderes, pensadores y agentes de cambio del mundo actual. Nuestras voces importan y merecen ser escuchadas". La Observación General nº 26, según él, servirá como herramienta vital para que los jóvenes comprendan y ejerzan sus derechos en medio de las crisis ambientales y climáticas actuales.
La presidenta del Comité, Ann Skelton, subrayó la importancia jurídica y duradera de esta guía. Esta Observación General no solo detalla las obligaciones de los Estados en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño para abordar los daños ambientales, sino que también garantiza que los niños puedan ejercer sus derechos de información, participación y acceso a la justicia. La protección del medio ambiente se entrelaza con sus derechos a la vida, salud, educación y niveles de vida adecuados.
Uno de los aspectos destacados de esta guía es la llamada a la responsabilidad de las empresas. Reconociendo que las actividades comerciales pueden causar daños ambientales significativos, los Estados deben establecer marcos legislativos sólidos que aseguren que las empresas respeten los derechos del niño y actúen diligentemente en relación con el medio ambiente. Esto incluye la reducción de emisiones y la minimización de impactos perjudiciales en el entorno.
Otro elemento fundamental es el acceso a la justicia. En muchos países, los niños enfrentan barreras para obtener capacidad jurídica, lo que limita su capacidad para hacer valer sus derechos ambientales. Para abordar esto, los Estados deben establecer mecanismos de denuncia adaptados a los niños, considerando cuestiones de género y discapacidad. Esto garantiza que las violaciones pasadas, presentes e inminentes puedan ser tratadas adecuadamente.
La guía también pone de relieve la urgente necesidad de financiamiento climático para los países en desarrollo. El orgnismo hizo un llamado a los Estados desarrollados para abordar el déficit de financiamiento climático, priorizando subvenciones sobre préstamos para apoyar a las naciones en desarrollo. Este enfoque es esencial para equilibrar las medidas de mitigación con las de adaptación y reducción de daños, asegurando que los niños en todas partes tengan igualdad de oportunidades para un futuro sostenible.
En un momento en que el reloj del cambio climático sigue avanzando implacablemente, la Observación General nº 26 establece una base sólida para la acción urgente. Con estas directrices, los Estados asumen un papel crucial en la protección de los derechos de los niños y en la construcción de un mundo limpio, saludable y sostenible para las generaciones venideras.