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Analizan afectaciones de la actividad minera en la Sierra Norte de Puebla

Analizan afectaciones de la actividad minera en la Sierra Norte de Puebla

La Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua y representantes del Gobierno de México acordaron seguir analizando las afectaciones de la actividad minera en la región, así como el impacto social que genera.

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María Luisa Albores
La titular de la Semarnat, María Luisa Albores González. Semarnat

México.- Con motivo del amparo concedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado mes de febrero al ejido de Tecoltemi, municipio de Ixtacamaxtitlán, estado de Puebla, en el que se ordena a la Secretaría de Economía dejar insubsistentes los títulos de concesión minera Cerro Grande y Cerro Grande 2 otorgados en 2003 y 2009 sobre terrenos de la comunidad indígena nahua, autoridades e integrantes de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, sostuvieron un encuentro con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González; el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas; la procuradora federal de Protección al Ambiente, Blanca Alicia Mendoza Vera; y el coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Hugo Aguilar Ortiz.

Durante el diálogo, los integrantes del colectivo reconocieron el compromiso y el interés permanente que la Semarnat ha mostrado en proteger el medio ambiente y garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas. Señalaron que si bien es un logro de las comunidades que la SCJN haya ordenado la insubsistencia o cancelación de las concesiones, es fundamental garantizar que al abrigo del derecho que tienen a la libre determinación y a la autonomía, sean ellas quienes decidan plenamente sobre sus tierras y territorios, por lo que rechazan rotundamente el otorgamiento de nuevas concesiones mineras pues consideran que atentan contra la vida y los derechos humanos de las comunidades, además de que la minería a cielo abierto demanda un alto consumo de agua y genera un gran impacto ambiental y contaminación de los recursos naturales.

La Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua y representantes del Gobierno de México acordaron seguir analizando las afectaciones de la actividad minera en la región, así como el impacto social que genera. Adicionalmente, la Profepa continuará con las acciones de inspección y vigilancia, a fin de que se cumpla con la normatividad ambiental.

De igual forma, los pobladores solicitarán al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, su intervención ante dicha problemática, para que reafirme su compromiso de no otorgar más concesiones mineras y en consecuencia intervenga para que la Secretaría de Economía no otorgue nuevas concesiones en el municipio de Ixtacamaxtitlán.

Ante la legítima petición, la Semarnat declaró su compromiso histórico de proteger al medio ambiente, y lo hará junto a los pueblos y comunidades indígenas y agrarias que habitan el territorio.

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