México.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales externó su complacencia por la aprobación en la Cámara de Senadores del proyecto de decreto del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, el cual será remitido al Ejecutivo.
México firmó el Acuerdo de Escazú en septiembre de 2018 y con su ratificación, contaría con la aprobación de 11 países, de los 33 que componen la región, y entraría en vigor en el día 90, contado a partir de la fecha en que haya sido depositada la undécima firma de aceptación. Esto representaría un hecho histórico para nuestro país y para Latinoamérica, ya que este Acuerdo constituye un instrumento multilateral sin precedentes en la región que beneficia a las poblaciones más vulnerables.
El Acuerdo de Escazú es el único en su tipo vinculado a la protección ambiental con la defensa de los derechos humanos, y su implementación representa una gran oportunidad de consolidar la política ambiental hacia una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y acceso a una justicia ambiental.
La dependencia señaló que México cuenta con un robusto marco normativo en materia ambiental con diversas legislaciones nacionales específicas y pautas contenidas en leyes que regulan otras esferas e instrumentos internacionales que permiten cumplir el Acuerdo de Escazú, como el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la Convención sobre Diversidad Biológica, al igual que la Convención sobre la Protección y Utilización de Cursos de Agua Transfronterizos y Lagos Internacionales, por citar algunos.
La adopción de este Acuerdo suma también a la lucha contra la desigualdad y la discriminación, y avanza en la tarea de garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, con especial cuidado en la atención de personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, el Acuerdo establece el compromiso de cada Parte para proteger a las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, de modo que puedan realizar sus actividades sin amenazas, restricciones e inseguridad.