México.- Por la enorme diversidad ecosistémica de México, el cambio de la relación de los seres humanos con la naturaleza exige una planeación que incluye la transversalidad con el fin de garantizar una recuperación del medio ambiente que considere las características de cada rincón del país, indicó la Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales (Semarnat).
Así lo destacaron los participantes del foro virtual Diálogos Ambientales, en el marco de la Fiesta del Bosque, con el tema “Planeación del Sector Ambiental”, en donde recapitularon sobre los puntos neutrales de los programas: Sectorial de Medio Ambiente, Nacional Forestal y Nacional Hídrico.
César Rodríguez Ortega, director general de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, destacó que para diseñar esta estrategia se ha considerado la gran heterogeneidad del país, tanto cultural como territorial y ambiental, con una población de 126 millones de ciudadanos que hablan más de 60 idiomas, además del español, y que habitan los territorios más megadiversos.
Además de tales características, el 18 por ciento del PIB se concentra en el Sureste del país, donde habita el 23 por ciento de la población que cuenta con el 67 por ciento de la disponibilidad de agua, lo que contrasta con el norte y centro del territorio en el que se asienta el 77 por ciento de los habitantes que generan el 82 por ciento del PIB, pero sólo tienen acceso al 33 por ciento del recurso líquido.
Ante esa realidad, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha retomado los grandes problemas públicos que afectan al país en materia de agua, biodiversidad, crecimiento desmedido de ciudades, generación y uso de energía, mares y costas, minería, agricultura, e incluye derechos humanos y medio ambiente, que lo distingue claramente de los proyectos de administraciones anteriores.
Al respecto, Jorge David Fernández Medina, coordinador general de Planeación e Información de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), expuso que ante estos retos, el Programa Nacional Forestal se elaboró a partir de un proceso participativo que incluyó la visión de 23 instancias de la administración pública federal, para asegurar la transversalidad que garantice un bienestar íntegro.
Por ello, expuso, no se trata de un programa de la Conafor, sino del gobierno federal, para atender a este sector con la participación de otras secretarías, como la del Bienestar, Sedatu, Economía, Turismo, Comunicaciones y Sedena, además de instituciones y organismos como Conagua, Conanp, INECC y Profepa, entre otros.
De esta manera se armonizan las acciones para atender de forma articulada las necesidades de las 10.9 millones de personas que habitan en las 137 millones de hectáreas forestales del país, de los cuales 3.4 millones son integrantes de pueblos originarios y residen, paradójicamente, en regiones abundantes en vida vegetal pero sufren una mayor marginación.
A su vez, Ricardo Martínez Lagunes, gerente de Planeación Hídrica de la Comisión Nacional del Agua, subrayó que al igual que en los dos casos anteriores, el Programa Nacional Hídrico es resultado de un proceso de consulta que inició con el Plan Nacional de Desarrollo.
Lo anterior permitió la definición de 5 objetivos para garantizar el uso sostenible del agua, garantizar los derechos humanos de acceso a este recurso, a vivir en un ambiente sano y a la seguridad hídrica, con lo cual se contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Advirtió que de esta manera se busca atender grandes problemas públicos como el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, ya que sólo el 58 por ciento de la población cuenta con este recurso entubado y un sistema de saneamiento básico, así como revertir la pérdida del vital líquido, ya que sólo se aprovecha el 40 por ciento, mientras que el 60 por ciento restante se pierde en los sistemas o no se factura.
Además, se pretende reducir la vulnerabilidad de la población ante inundaciones y sequías, preservar la integridad del ciclo del agua para garantizar los servicios hidrológicos y mejorar las condiciones de gobernanza del recurso para fortalecer la toma de decisiones y combatir la corrupción.
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