México.- El director del Instituto para México y los Estados Unidos, de la Universidad de California, Riverside, Exequiel Ezcurra, prologó una serie de investigaciones que se compilaron en la publicación “Crisis ambiental en México, ruta para el cambio”, elaborada por el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (Susmai), coordinada por Leticia Merino Pérez.
Afirma el investigador que buena parte de quienes van en busca de nuevos horizontes son migrantes ambientales. “La falta de agua y el deterioro hídrico en el oriente de la Ciudad de México, por ejemplo, son impulsores primordiales de la migración hacia otros estados de la República o a los Estados Unidos”.
Igualmente, continúa el deterioro de la calidad del aire en las ciudades, debido al aumento del parque vehicular y a la falta de actualización de las normas de calidad del aire, lo cual ha provocado, según el Instituto Nacional de Salud Pública, la muerte de 20 mil mexicanos cada año por cáncer de pulmón, infarto cerebral, padecimientos cardiacos y enfermedades respiratorias.
A pesar de la trascendental importancia de esos hechos, advierte, el tema ambiental aparece trágicamente alejado de las discusiones políticas actuales, por lo que a quienes estamos preocupados por la viabilidad futura de la nación, nos surge la pregunta sobre cómo lograr que gobierno y pueblo vean la magnitud del desafío, en vez de defender solo sus intereses inmediatos y locales.
Vivimos tiempos difíciles y angustiantes. La violencia y la corrupción se han enseñoreado en México y muchos se preguntan qué caso tiene preocuparse por el futuro del ambiente cuando el horror inmediato se asoma cotidianamente a la puerta de nuestra casa.
Los mexicanos estamos angustiados y esa angustia nos imposibilita pensar, más allá de un futuro político, en un futuro ambientalmente viable. “Es necesario hacer algo pronto, porque en esta desesperanza se nos va el país”, afirma el investigador.
En su análisis explica que se confronta una visión de ganancias privadas a corto plazo como motor central del desarrollo, sin importar el impacto sobre el patrimonio social en el largo plazo, con una visión de beneficios públicos en el largo plazo, sin sacrificar la viabilidad futura de la sociedad a cambio de beneficios privados inmediatos.
Esto incrementará el hecho de que los eventos climáticos extremos -cada vez más intensos a causa del cambio climático- impactan siempre con mayor fuerza a los sectores más desprotegidos y vulnerables.
La amarga verdad, reflexiona, es que las consideraciones de riesgo ambiental para la sociedad civil no han pesado tanto sobre las decisiones de gobierno como los intereses económicos. Así lo demuestra el hecho de que el análisis de impacto y riesgo en la legislación ambiental es tan deficiente que permite se autoricen proyectos sin las condiciones mínimas de control que demanda el peligro de algunas actividades.
“Comunidades, pueblos y ciudades viven bajo la discrecionalidad de la autoridad ambiental y de un sistema de toma de decisiones opaco y soberbio que no sabe rendir cuentas a la sociedad; las decisiones de gobierno en materia ambiental se enmarcan en la creencia de que las ganancias privadas en un plazo breve son un impulsor vital de la riqueza nacional y que debe sacrificarse algo del capital natural y de la viabilidad futura del país en aras de un supuesto desarrollo económico”.
Sobre la base de una ley ambiental débil y confusa, los permisos se otorgan en nombre del progreso, ignorando las preocupaciones y los reclamos de la sociedad civil, y la impunidad reina cuando las catástrofes ambientales ocurren.
Así hemos perdido el 90 por ciento de nuestras selvas originales y los grandes lagos del altiplano, junto con buena parte de los manglares que protegen nuestras costas y la mayor parte de nuestros acuíferos. Con una población empobrecida, sin bosques y sin agua, vemos la violencia y la depredación crecer y nos preguntamos qué hacer.
Por muchos años hemos ignorado la crisis ambiental, sin darnos cuenta que es otra faceta de la desigualdad social y de la impunidad frente a la depredación. Revertir esta crisis llevará también muchos años.
Considera necesario regenerar el tejido social, repensar el sistema educativo, dar oportunidades a quienes no las tienen, y esperanza a todos los que sienten la misma angustia por el futuro.
No habrá futuro viable sin un ambiente saludable, pero tampoco sin un respeto por los derechos de las personas que cuidan esas aguas, esas tierras, esos bosques, y viven de ellos.
El desafío generacional es construir un porvenir de justicia y compasión, de respeto hacia la otredad y la diversidad cultural. Proteger nuestros bosques, mares, costas, ríos, es también parte de la construcción de una esperanza.
Refiere que en las investigaciones que se presentan en la publicación, los autores plantean que “es obligación de científicos y ciudadanos hacer que los políticos volteen a ver los grandes desafíos detrás de esa agenda ambiental que parece tan ausente, porque la justicia ambiental es parte medular de esa justicia social que México necesita tan urgentemente”.