Mérida.-En un comunicado publicado en la página “Salvemos la Selva”, en redes sociales, firmado por quienes dicen ser madres y padres de familias, milperos, apicultores, profesionistas, artistas, académicos y sociedad civil organizada, se afirma que el gobierno mexicano simula y evade el cumplimiento de sus obligaciones internacionales al implementar una consulta indígena plagada de irregularidades.
Explican que, a finales de noviembre, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) realizaron la fase informativa de la consulta indígena en 15 localidades de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y Chiapas.
“Fue un procedimiento contrario a los principios elementales de una verdadera consulta indígena, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los mecanismos señalados por el Sistema Interamericano e Internacional de Derechos Humanos”.
“Los procedimientos y estrategias del gobierno están encaminados a buscar sin contratiempos la anuencia del megaproyecto industrial y turístico del Tren Maya, cuyo nombre rechazamos rotundamente”.
En el comunicado, los firmantes enlistan las “irregularidades cometidas, como la violación al Derecho de acceso a Información Previa, ya que fue diseñada y ejecutada sin la participación de las comunidades indígenas y, en muchos casos, sólo se transmitió en castellano sin traducción a las lenguas maya, cho’ol, tzotzil, tzeltal, mam, y otras lenguas indígenas que se hablan en la península de Yucatán”.
La llamada “consulta” que actualmente se hace desde el gobierno mexicano, “tiene un vicio de origen y por lo tanto afecta de nulidad todo el proceso, al no cumplir el principio de buena fe”, porque las invitaciones fueron dirigidas a un sector de “representación” de las comunidades y no a la ciudadanía en general.
La información proporcionada fue limitada y contradictoria, por lo que los participantes no tienen claridad sobre los impactos y afectaciones ambientales, económicas, productivas, culturales, de seguridad social y de servicios públicos.
Los autores del comunicado consideran que “el gobierno mexicano, antes de consultar, ya aprobó el proyecto del Tren Peninsular. Prueba de ello son las múltiples declaraciones públicas del presidente de la República afirmando: 'El tren va porque va', así como la creación de la empresa Tren Maya, S.A. de C.V."
También estiman que se violan los mecanismos y formas que las comunidades y pueblos indígenas tienen para deliberar y tomar decisiones, pues la convocatoria se publicó una semana antes de la fase informativa, coartando el derecho a la información sobre los impactos ambientales, al patrimonio biocultural, económicos, sociales, culturales de los pobladores, comunidades y pueblos indígenas en la zona de afectación.
Esta premura comprometió y complicó su amplia difusión y recepción entre los directamente afectados, violando el principio de adecuación cultural y de acceso a información precisa y cabal.
Denuncian que el gobierno actúa “de mala fe al argumentar que el consentimiento es libre al aplicar mecanismos electorales a mano alzada y casillas, cuando estos han sido calificados por relatores de la ONU en materia indígena, como inadecuados e insuficientes”.
Afirman que la “consulta” demuestra que lo que quiere hacer el gobierno mexicano es legitimar a toda costa el proyecto, más que cumplir con el respeto a los Derechos Humanos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador “violenta el principio de consentimiento previo libre e informado, sobre todo cuando al echar a andar la fase previa de lo que él llama la ‘consulta’, descalifica a quienes no están a favor, a los que se oponen o eventualmente voten en contra, calificándolos de 'reaccionarios', 'retrógrados', 'conservadores' o 'fifís', promoviendo confrontaciones en la población".
Esta simulación coloca en estado de desamparo a los indígenas y sus comunidades, porque no da a conocer a ciencia cierta las posibles afectaciones a sus modos de vida y territorio, como el acceso al agua o el daño a los ecosistemas.
Todo lo anterior, concluye el comunicado, se constituye en elementos de nulidad de la “consulta” puesta en marcha por el gobierno mexicano.