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México.- Defensores de derechos humanos coincidieron en que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha respetado su promesa de proteger la autonomía y las tierras indígenas al impulsar proyectos oficiales en el sureste del país como el Tren Maya, en la Península de Yucatán, y la refinería Dos Bocas, en el suroriental estado de Tabasco.
"Se creó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Los programas de bienestar ya están llegando", presumió el mandatario en su Primer Informe de Gobierno a principios de este mes, asegurando además que llegan ayudas a 9 de cada 10 hogares indígenas del país.
Sin embargo, Rosenda Maldonado Godínez, representante de la Red Nacional de Mujeres Indígenas por la Madre Tierra y Territorio (Renamitt), afirmó que "no ha habido un cambio" en la defensa gubernamental de sus comunidades porque hay "una invasión" de compañías trasnacionales, gasoductos, fracking y monocultivos.
"Es una variedad impresionante de proyectos, que nosotras incluso llamamos proyectos de muerte, que vienen a los territorios y a las poblaciones indígenas", aseguró la activista de raíces otomíes y originaria de la Sierra Norte del estado de Veracruz.
Maldonado Godínez exigió frenar la depredación de las tierras de los indígenas, que representan el 21. 5 por ciento de la población nacional con casi 25.7 millones de habitantes, según la última Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2015.
Entre las consecuencias de esta desprotección, advirtió, están la violencia, la entrada del narcotráfico, el desplazamiento y la desigualdad, pues el 74.9 por ciento de los hablantes de lengua indígena están en situación de pobreza, y 34.8 por ciento de estos en pobreza extrema, cuando esta tasa es del 5.8 por ciento entre los no hablantes de lengua indígena.
Alejandro Díaz Pérez, investigador de derechos humanos, señaló que el Gobierno mexicano está "obviando" en todo el país las obligaciones que tiene respecto a las consultas públicas de los proyectos entre las poblaciones indígenas.
Los procedimientos para cumplir con estos ejercicios, explicó, están en el artículo 2 de la Constitución Mexicana, que contempla la "libre autodeterminación de los pueblos indígenas".
Y también en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales.
"El Gobierno mexicano no ha entendido que, de acuerdo a las normas de derechos humanos, la decisión final de efectuar cualquier tipo de proyecto o medida que susceptiblemente afecte a las comunidades indígenas debe ser exclusivamente resultado de un procedimiento de consulta y del consentimiento", expuso el abogado.
Díaz Pérez detalló que estas normativas establecen requisitos para las consultas públicas, como el ser libres, previas, de buena fe y culturalmente adecuadas a las comunidades en las que se realizan, donde hay diversidad de idiomas y costumbres.
"La consulta funciona como una salvaguarda específica para garantizar la identidad cultural y la libre determinación de esos pueblos", apuntó.
Rita Muciño Corro, abogada del Círculo Feminista de Análisis Jurídico, aseveró que el Gobierno suele realizar consultas que solo aparentan "cumplir con el trámite", pero que en realidad no siguen los estándares internacionales y excluyen a las mujeres, quienes suelen ser más cercanas a la tierra.
Aunque el ejercicio debe ser previo al inicio del proyecto, argumentó, muchos de ellos se hacen cuando la obra ya está en proceso y ni siquiera se conocen cuáles son las poblaciones indígenas establecidas en el territorio.
"Este diálogo intercultural no se está dando y, más que nada, lo que advertimos es una imposición de una visión que no obedece a la visión propia de los pueblos y comunidades indígenas y eso es, lo que denominamos, este giro colonial", dijo la investigadora.
La violación de estos estándares, ahondó Muciño, genera conflictos y divisiones dentro de las comunidades indígenas promovidas por el Gobierno, que también ha "criminalizado" a líderes sociales y defensores del territorio.
En México suman 120 ambientalistas asesinados en los últimos 15 años, según datos oficiales. Y tan solo en 2018 fueron asesinados 21 defensores ambientales, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).