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México.- Sitios marginados del país son los que resienten mayormente el deterioro de la calidad del servicio de agua potable y saneamiento debido a la corrupción en México, aseguró Jorge Arriaga Medina, coordinador ejecutivo de la Red del Agua la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Con un valor de 200 pesos por una “mordida” ciudadanos del país buscan recibir trato preferencial frente a otros usuarios, modificar el recibo de pago, y hasta por una o varias conexiones para contar con el vital líquido.
De acuerdo con el estudio realizado por Arriaga Medina y el Centro Regional de Seguridad Hídrica (instancia auspiciada por la UNESCO), las muestras indican que el 22 por ciento de la población ha dado u ofrecido sobornos; mientras que tres de cada 10 personas denunciaron actos de corrupción; y 59 por ciento de los consultados está inconforme con el servicio de agua.
Estos datos se desprenden de su trabajo llamado “Corrupción en los sistemas de agua potable y saneamiento en México”, el cual fue presentado en el marco del coloquio “Agua para una ciudad sostenible”, convocado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC).
El maestro en tecnología ambiental con especialización en agua por el Imperial College London de Reino Unido, aseguró que aunque 200 pesos podrían representar una cantidad modesta, es demasiado para personas que habitan lugares marginados del país, donde se resiente mayormente el deterioro en la calidad de este servicio.
Señaló que "entre 21 y 30 por ciento del presupuesto para este subsector, destinado al final de la administración federal pasada, se malversó y no llegó a su destino".
Como consecuencia, dijo que las pérdidas económicas del sector en el último año del sexenio pasado ascienden a 7.3 mil y 10. 4 mil millones de pesos.
La máxima casa de estudios en México indicó en un boletín que luego de la investigación, el maestro en tecnología ambiental en coordinación con Transparencia Internacional, llegó a la conclusión que la corrupción en este ámbito es sistémica.
“Hubo colusión entre servidores públicos y contratistas, e irregularidades en los procesos de planeación, selección y aprobación de proyectos, debido a la falta de capacidad institucional y de cumplimiento de las leyes, así como por salarios poco competitivos de trabajadores del subsector y falta de información pública”, destacó.
Puntualizó que ante esta problemática se requieren mejores recursos humanos, funcionarios con servicio profesional de carrera, el diseño de un marco jurídico de cumplimiento claro, sensibilización de la ciudadanía y un nuevo diseño de integridad, rendición de cuentas y con mayor participación.