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México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se suma a expertos y entidades como la Organización de Naciones Unidas (ONU) que solicitaron el pasado 15 de julio a México a ratificar el Acuerdo de Escazú, firmado en 2018 en Costa Rica.
El acuerdo impulsa el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, y fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en el municipio de Escazú, Costa Rica.
Hasta el momento han suscrito el documento 16 de los 33 países de América Latina y el Caribe.
La relevancia de este Acuerdo es garantizar que la población en general, las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos puedan participar en la protección y defensa del medio ambiente.
La CNDH llama ahora "a atender el exhorto urgente de los expertos de la ONU para que el Senado de la República ratifique el Acuerdo de Escazú, cuyo objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental".
Asimismo, destacó "la relevancia de este Acuerdo es garantizar que la población en general, las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos puedan participar en la protección y defensa del medio ambiente".
El pasado 15 de julio, el Ejecutivo federal recibió una carta de los expertos de la ONU de 17 mecanismos de defensa del medio ambiente, de derechos humanos, de libertad de expresión, de pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros.
En la misiva se urgía a ratificar dicho Acuerdo "como una cuestión prioritaria", antes del próximo 27 de septiembre.
El peligro que enfrenta la biodiversidad del país es el motivo que ven todos los expertos para que México ratifique el acuerdo.
La biodiversidad mexicana afronta "graves problemas que representan la degradación y pérdida de ecosistemas, sobreexplotación de especies para consumo o comercialización, contaminación, cambio climático y los procesos de urbanización", señaló la CNDH.
"Es necesario que las autoridades competentes realicen y transparenten los estudios ambientales antes de emprender obras y construcciones", advirtió.
Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomase el poder el pasado 1 de diciembre de 2018, ha iniciado movimientos para llevar a cabo varios megaproyectos que podrían afectar al medio ambiente.
Uno de ellos es el Tren Maya, el cual busca conectar el sur y el sureste del país, en el cual viven numerosas comunidades indígenas y especies emblemáticas y esenciales en la cadena trófica como el jaguar, en peligro de extinción.
No obstante, también ha apostado por un "desarrollo sustentable" y ha llegado a cancelar, por ejemplo, un proyecto de mina de oro en el estado de Baja California Sur, en el noroccidente del país.
Asimismo, la CNDH pidió que "consideren la participación de pueblos y comunidades indígenas conforme a los estándares internacionales y establezcan una política preventiva en materia de biodiversidad ante la urgente necesidad de conservar todo aquello que contribuya a contar con un ambiente sano".