Madrid.- La destrucción de los ecosistemas y los hábitats o la contaminación de recursos como el agua podrían dejar de salir gratuitos, como hasta ahora, a las empresas causantes de delitos ambientales, tras la definición de 'ecocidio' por parte de un grupo de expertos internacionales y su probable inclusión como delito universal.
"Ecocidio es cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves, extensos o duraderos, al medio ambiente", es la definición legal recogida por doce abogados ambientales y penales a propuesta de la Fundación Stop Ecocide y que fue registrada en el Parlamento de Suecia.
Los otros cuatro delitos catalogados como universales son el genocidio, los de lesa humanidad, los de guerra y de agresión.
"Hay tantas evidencias de las consecuencias dramáticas de los crímenes ambientales, que es urgente que el ecocidio sea reconocido como un crimen internacional", explicó el presidente de la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados de España, Juantxo López de Uralde.
"La Naturaleza no conoce fronteras, los daños son globales, y su destrucción debe ser perseguida también globalmente, ha incidido el diputado de Unidas Podemos, y ha remarcado que "la Humanidad no puede seguir mirando hacia otro lado frente a las agresiones al medio ambiente mientras la crisis ecológica continúa agravándose, las especies desparecen y el cambio climático se agudiza".
En mayo pasado, El Parlamento Europeo (PE) dio luz verde a un informe que pide redoblar la protección de los defensores ambientales y el reconocimiento del ecocidio como un delito internacional, idea que ha defendido el secretario general de la ONU, António Guterres..
El documento recoge la propuesta de negociación con la Corte Penal Internacional el reconocimiento del ecocidio como delito internacional dentro del Estatuto de Roma.
Recientemente, un debate organizado en el Parlamento español pidió al Gobierno posicionarse "clara y rotundamente" sobre el ecocidio como ya lo han hecho países como Francia y Bélgica.
Además, en el marco de la COP25 celebrada en 2019 en Madrid, expertos internacionales abogaron por la creación de una Corte Penal Internacional de Salud y Medioambiente, una iniciativa que lleva “cocinándose” veinte años, según explicó el presidente de la Academia Internacional de Ciencia de Medioambiente, el italiano Antonino Abrami.
Abrami explicó que la señaló que desde 1972 a 2009 la Comisión Europea ha generado legislación que terminó con el Tratado de Lisboa, que es un simple llamamiento a fijar retos, entre ellos, “algunos castigos por contaminación”.
"Los caudales de los ríos y el aire no tienen fronteras” y hay muchos casos impunes, aseguró, por lo que destacó la “necesidad de crear esta nueva corte internacional de justicia ambiental”.
Por otra parte, la presión ejercida desde hace años por parte de afectados contra las empresas causantes de delitos ambientales, la acción de los grupos ecologistas y la presión de la sociedad civil -especialmente de muchos jóvenes- ha llevado a plantear el ecocidio como delitos que han afectado a lo largo de años y siguen afectando a millones de personas.
Aunque la lista es muy larga, algunos de los casos más conocidos de delitos ambientales son que es necesario recordar son: en 1984, la muerte de cerca de 4 mil personas por la inhalación de gases tóxicos en una planta química de la empresa estadounidense Union Carbide en la ciudad de Bophal (India), y en 1998, la rotura de una balsa de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), propiedad de la empresa sueca Boliden, contaminara 4 mil 600 hectáreas por una riada tóxica que alcanzó al río Guadiamar.
También en España, en el 2002, un buque petrolero naufragó en el mar frente a las costas gallegas causando una mancha del combustible conocida como "chapapote" y que causó la contaminación de una gran extensión marina; y no es posible olvidar unos años antes los accidentes de otros petroleros como el Exxon Valdés en Alaska o el Erika en Francia.