Ciudad de México.- El Punto de Acuerdo, presentado por el diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, tiene como objetivo que al detectar irregularidades, se informe al Instituto de Verificación Administrativa (Invea), a la alcaldía de Iztapalapa, a las secretarías del Medio Ambiente (Sedema) y del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), así como a las demás instancias administrativas federales o locales que resulten competentes, para que éstas procedan en el ámbito de sus atribuciones, además de comunicar al Congreso local del resultado de la investigación realizada y, en su caso, de la recomendación que para el presente caso emita.
El legislador planteó además que sea la Sedema la que se coordine con el Invea, la alcaldía y dependencias del gobierno federal competentes, quienes una vez recibido el Informe de la PAOT procedan a regularizar los establecimientos de compra-venta de residuos electrónicos que se encuentran dentro de la colonia Renovación, siguiendo estrictamente la normatividad al caso.
Asimismo, detalló que la colonia Renovación tiene una superficie que abarca cerca de setenta y seis manzanas, donde viven aproximadamente 14 mil habitantes, y cuya principal actividad económica es al reciclaje de residuos sólidos, específicamente los que exigen un tratamiento especial como equipos de cómputo, televisores, aparatos electrónicos, celulares, pero que se realiza sin cumplir las normas ambientales, administrativas y laborales poniendo en riesgo su propia salud y de la comunidad vecina.
El legislador integrante de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social dijo que no es reprochable que las personas se dediquen a la profesión, actividad comercial o industrial que más se le acomode, siendo lícitas; “lo que preocupa es que en algunos casos esa actividad se realice poniendo en riesgo la salud de quienes se dedican a reciclar la basura, así como de los vecinos que pudieran verse afectados en su salud”.
Finalmente reprochó a la administración anterior haber permitido dicha actividad contraviniendo leyes ambientales, administrativas y laborales, y que en el tratamiento de residuos sólidos peligrosos no haya intervenido la autoridad del Gobierno de la Ciudad de México, so pretexto de que se trata de un “asunto de índole federal”.