México.- Durante la “Semana Nacional de la Infraestructura Transformadora” en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, legisladores, especialistas e investigadores abordaron los temas sobre inversión para infraestructura hidráulica y saneamiento de aguas residuales, a fin satisfacer las necesidades de la población en condiciones de igualdad y justicia.
El presidente de la Comisión de Infraestructura, diputado Reginaldo Sandoval Flores, expuso que el tema de la infraestructura hídrica es de primer orden, ya que el agua es un problema complejo, pero hay mucha dispersión en el presupuesto. “Con la reforma al artículo 115 constitucional se les dio mucha fuerza y facultades a los gobiernos municipales, pero hay que reconocer que en los municipios hay problemas mayúsculos en la eficacia”.
Indicó que entre el 80 o 90 por ciento de los municipios están en dificultad financiera por laudos e incluso la gran mayoría de los ayuntamientos debe estar gastando entre el 60 y 80 por ciento en gasto corriente. “Se requiere hacer una mezcla de recursos entre municipios, Federación y estados para sacar obras de tamaño mediano y grandes. La inversión en infraestructura desde 1982 ha venido bajando”.
La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, integrante de la Comisión de Infraestructura, señaló que satisfacer las demandas de la sociedad, sobre todo en el escenario que se vive actualmente provocado por la pandemia de Covid-19, es un gran reto, así como dar mantenimiento a la infraestructura hidráulica existente y llevar a cabo nuevos proyectos.
Consideró esencial que estos nuevos proyectos se realicen con el menor impacto ambiental posible, lo que lleva al debate de seguir aplicando las denominadas tecnologías grises o dar el paso definitivo a las verdes. Para cumplir el reto “tenemos claro que tanto el mantenimiento como el desarrollo de nueva infraestructura hidráulica requieren presupuesto”.
La diputadas Rosalinda Domínguez Flores, secretaria de la Comisión de Infraestructura, se manifestó a favor de la inversión; sin embargo, dijo, “todos debemos prever el uso racional y responsable de los recursos hidráulicos, como empresarios de la construcción, funcionarios, representantes de asociaciones y legisladores. Todos sin excepción hay que estar atentos y vigilantes del tema”.
Destacó que la escasez de los recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento inadecuado, influyen negativamente en la seguridad alimentaria, así como en las opciones de medios de subsistencia y oportunidades de educación. Además, dijo, la sequía afecta a algunos países más pobres del mundo, pues para 2050 al menos una de cada cuatro personas probablemente viva en un país afectado por esa escasez.
En el panel 2, “Mecanismos jurídicos y financieros para la construcción y conservación de infraestructura hidráulica, reúso, saneamiento y la protección de la biodiversidad”, Amalia Salgado López, subcoordinadora de Planeación Económica y Finanzas del Agua del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), indicó que uno de los principales retos es contar con capacidad financiera para desarrollar la infraestructura hidráulica necesaria, ya no solo para ofertar el agua sino también para el uso eficiente y saneamiento de aguas residuales de origen urbano e industrial.
Mencionó que en los últimos años se ha experimentado una reducción progresiva en el presupuesto asignado al sector agua, cuya principal fuente es a través de lo que recibe de la Federación; de 2010 a 2019 tuvo una disminución del 44 por ciento, lo que ha afectado de manera severa programas prioritarios y de infraestructura hidráulica. Consideró primordial diversificar el financiamiento de las acciones en materia de agua, con énfasis en las acciones preventivas.
El coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), Rafael Bernardo Carmona Paredes, indicó que entre las líneas de acción están la reparación y mejoramiento de fuentes de abastecimiento, la rehabilitación de pozos y manantiales que están en la parte alta de las montañas del poniente y del sur de la ciudad. “Tenemos un trabajo importante sobre las líneas de alimentación eléctrica para pozos y plantas de bombeo, y líneas de acción sobre las obras emblemáticas en parques públicos”.
María del Carmen Carmona Lara, representante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó que no se tiene una legislación en materia de infraestructura hidráulica que vea las necesidades de los municipios, concurrencia y materia ambiental, por lo que propuso definir una planeación estratégica en la materia. Además, refirió que el abasto de agua podría solucionarse si se usará más de una vez, pues hay tecnologías que permiten el reúso del 90 por ciento de las aguas.
Jorge Alberto Arriaga Medina, coordinador ejecutivo de la Red del Agua de la UNAM, expuso que sólo el 14 por ciento de la población cuenta con abasto de agua las 24 horas y los siete días de la semana; los retos a los que se enfrenta la infraestructura hídrica es atender a más de seis millones de personas que carecen de agua potable y once millones que no cuentan con acceso a saneamiento, y lograr la eficiencia de riego, pues el 60 por ciento del líquido se desperdicia.
Vivimos una inseguridad hídrica y podría agravarse; el sector necesita recursos y deben ser usados con transparencia y rendición de cuentas”, agregó.
Mario Francisco Cerecedo Meave Peña, investigador parlamentario titular del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, expresó que el presupuesto para el abastecimiento, administración y ordenamiento de agua ha disminuido en los últimos diez años. Pidió una revisión del ejercicio del gasto en estos rubros, evaluar las variables existentes y los resultados.
En el Panel 3 “Planeación Prospectiva Estratégica de la Infraestructura Hidráulica y de Saneamiento, con enfoque de derechos humanos: cargas y beneficios sociales”, Armando Hernández Cruz, director general de la Sexta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, refirió que se requiere asegurar la provisión de agua en cantidad suficiente para uso personal y doméstico, así como la producción de alimentos y satisfactores incluida la energía y vivienda para una población en crecimiento en un entorno económico y social de desigualdad.
Consideró que para hacer frente a ello se necesitan medidas legislativas y administrativas que establezcan claros mecanismos de coordinación entre las autoridades federales, locales y municipales, además de progresivas acciones programático presupuestales. Afirmó que el incremento de las inversiones deberá acompañarse del fortalecimiento de mecanismos de transparencia activa y rendición de cuentas.
Hugo Rojas Silva, director general de la ANEAS, puntualizó que la inversión pública federal para el programa del fortalecimiento de los organismos operadores y la construcción de infraestructura se ha reducido en más de 85 por ciento desde 2016. Agregó que las redes de distribución están en malas condiciones, existen tomas clandestinas y zonas urbanas que no están regularizadas.
Subrayó que es importante establecer obligaciones de las instituciones y los tres niveles de gobierno, cambiar el modelo de gestión, fortalecer a los organismos operadores y a la Conagua, contar con mecanismos de una efectiva participación ciudadana informada, y un marco normativo adecuado y viable.
El presidente del Consejo Consultivo de la Asociación Nacional de Empresas de Aguas y Saneamiento de México A.C. (ANEAS), Ramón Aguirre Díaz, expuso que México requiere invertir año con año 80 mil millones de pesos para poder resolver el problema de agua potable y saneamiento, toda vez que hay 115 acuíferos sobreexplotados y los organismos operadores están descapitalizados.
Resaltó que la cobertura del 95 por ciento que se reporta de los servicios de agua no refleja la realidad, ya que sólo el 14 por ciento tiene servicio continuo, 34 por ciento agua todos los días y el 52 por ciento está con tandeo franco.
José Antonio Rodríguez Tirado, integrante del Comité del Agua del Colegio de Ingenieros Civiles de México, dijo que, en las regiones urbanas, uno de cada tres pobladores no cuenta con servicios de agua potable y drenaje continuos y en las regiones rurales son dos de cada tres.
Ante ello, sugirió desarrollar el concepto de hidrosolidaridad, el cual consiste en que una comunidad que tiene un mejor desarrollo técnico y financiero apoye a otra menos favorecida, capacitar a los funcionarios a nivel federal, estatal y municipal para que conozcan de manera amplia los temas de infraestructura, se aproveche al máximo de los recursos y se fortalezca a las instituciones del agua.