México.- La senadora Susana Harp Iturribarría propuso reformas a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a efecto de impedir la importación de madera ilegal y establecer controles más estrictos, similares a los adoptados en países y regiones con altos estándares de protección al ambiente.
Mediante una iniciativa, la legisladora explicó que uno de los problemas mundiales que más contribuye a la deforestación, es la tala ilegal de árboles y el comercio internacional de la madera extraída de ellos.
La senadora refirió que de acuerdo a la organización Global Financial Integrity, la tala ilegal es un delito lucrativo que afecta no sólo al ambiente, sino también a la seguridad humana, además ocasiona que los países en desarrollo dejen de percibir, en conjunto, por lo menos 10 mil millones de dólares anuales por concepto de contribuciones.
Señaló que uno de los principales países de los que México importa maderas es Perú, el cual, tiene altas cifras en el índice de ilegalidad. Comentó que el Centro para el Derecho Ambiental Internacional reveló que el 75 por ciento de esta materia prima, que proviene del país sudamericano y que llega a puertos mexicanos, es de carácter ilegal.
Ante esta problemática, Susana Harp dijo que la importación de madera ilegal a nuestro país representa una competencia desleal para las empresas comunitarias, que asumen altos costos para cumplir con certificaciones internacionales.
Advirtió que se ponen en riesgo las posibilidades de desarrollo para las familias rurales que dependen de ellas, lo que incluye a comunidades indígenas que no cuentan con otros medios de subsistencia.
Consideró indispensable establecer mecanismos que propicien el mejoramiento de la gobernanza forestal y desincentiven la tala ilegal, fomentar el manejo forestal sustentable y el comercio de madera de procedencia legal; es decir, aquélla que tiene verificado y controlado su origen, proceso de producción, transformaciones, transporte y comercialización, conforme a la normativa aplicable.
Explicó que su propuesta busca subsanar, desde la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el vacío normativo sobre la regulación específica de la importación de materias primas, productos y subproductos forestales, derivada de la falta de expedición del Reglamento de este ordenamiento.
También, expuso, se pretende fomentar la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, cerrar el mercado a la madera ilegal proveniente de cualquier parte del mundo, así como proteger la competitividad del sector forestal nacional, particularmente de las empresas forestales comunitarias y el desarrollo regional.
Otro de los aspectos de la iniciativa, es que México pueda contribuir con otros países a controlar el comercio de madera ilegal, en congruencia con el principio de cooperación internacional y dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por nuestra nación con sus socios comerciales de la región América del Norte, en el marco del T-MEC.
Resulta necesario que nuestro país establezca controles más estrictos para el ingreso de madera proveniente de todos los países, incluyendo la exigencia de acreditar su legal procedencia, puntualizó la senadora.
La iniciativa fue enviada a las comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y de Estudios Legislativos Segunda.