México.- Durante las mesas de análisis del parlamento abierto virtual sobre Movilidad y Seguridad Vial, impulsado por la Comisión de Puntos Constitucionales, participaron diputadas y diputados, funcionarios de la Sedatu y asociaciones civiles.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, diputada Pilar Lozano Mac Donald, consideró que los estados tienen que trabajar de manera conjunta para avanzar en el proceso legislativo y una vez que se apruebe, abordar el tema de la movilidad con enfoque de género.
El diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero señaló que la reforma en la materia busca elevar a rango constitucional el acceso a la movilidad, con el objetivo de que las entidades federativas y municipios generen acciones que mejoren el transporte público, fomenten el uso de la bicicleta y que el peatón sea la prioridad.
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce indicó que la movilidad incide en el ejercicio de otros derechos fundamentales como trabajo y vivienda, y hacerla visible empodera a los ciudadanos y logra transformar las ciudades para que sean más humanas.
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río reconoció que esta propuesta puede permear a las legislaciones estatales, por lo que debe asegurar el apoyo a los usuarios del transporte público. “Además, tiene que haber un seguimiento en la implantación de la ley”.
Mariana Orozco Camacho, directora de Vinculación Metropolitana de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), subrayó que para que esta reforma sea una realidad es necesario atender lo mandatado por el derecho internacional en lo referente a reducir en 50 por ciento las muertes viales al 2030; no obstante, indicó que se debe atender la seguridad pública, inclusión, resiliencia, sostenibilidad, perspectiva de género, derechos humanos y participación ciudadana. “De realizarse estas acciones, México se colocaría a la vanguardia en el ámbito mundial”.
El presupuesto público discrimina a usuarios más vulnerables, casi el 70 por ciento se destina para atender a la población que usa vehículo privado y no se atienden las condiciones del transporte público
El titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la Sedatu, Javier Garduño Arredondo, consideró que consagrar el derecho a la movilidad en la Constitución es un punto de referencia en la agenda pública; es importante plantear nuevos hitos en materia de derechos humanos y presupuesto por medio de la realización progresiva, la no discriminación y la máxima movilización de recursos disponibles.
“El presupuesto público discrimina a usuarios más vulnerables, casi el 70 por ciento se destina para atender a la población que usa vehículo privado y no se atienden las condiciones del transporte público”, agregó.
Anette Ramírez, gerente de políticas públicas en movilidad del Instituto de Recursos Mundiales, mencionó que el reconocimiento al derecho a la movilidad significa contribuir con la mejora de la equidad y la calidad de vida en las ciudades. Señaló que el acceso a la educación, a la salud y a servicios prioritarios, depende en gran medida de la cercanía que tengan las personas a éstos.
La movilidad significa mejora en la calidad de vida de los habitantes de las ciudades
Claudina de Gyves, coordinadora de la Liga Peatonal, consideró importante crear el marco normativo para garantizar la movilidad en nuestro país. Dijo que elevarlo a derecho constitucional es una necesidad; sin embargo, apuntó que esto será difícil, si no se articulan los marcos normativos que tienen que ver con el desarrollo urbano y ordenamiento territorial”.
Humanizar los espacios públicos y que la movilidad sustentable como la peatonal, el uso de bicicleta y el transporte público
Areli Carreón, fundadora de Bicitekas AC, destacó la importancia de que la movilidad se convierta en un derecho constitucional. Dijo que los diputados tienen el desafío de diseñar un marco jurídico integral y transversal, porque la movilidad se vincula a ejercer los demás derechos humanos como la seguridad y la equidad.
Bernardo Barada Sepúlveda, director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), manifestó que la movilidad debe ser vista como un derecho, porque es una necesidad básica y la forma de asegurar que la gente llegue en buenas condiciones a su destino.
Ghigo Di Tommaso, de la empresa Gehl Studio, consideró necesario humanizar los espacios públicos y que la movilidad sustentable como la peatonal, el uso de bicicleta y el transporte público, puedan convertirse en los grandes protagonistas de las ciudades.