México.- La Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, que preside el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, aprobó un dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Se plantean condiciones normativas que coadyuven en la creación de políticas públicas para la protección de bosques y sus ecosistemas en México, con base en una correcta interpretación del marco legal; así como disminuir los pasivos ambientales.
Facultar a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en la regulación de actividades productivas, de protección, conservación, restauración, aprovechamiento sustentable, producción comercialización y educación técnica forestal, así como las cadenas productivas y redes de valor forestal; y que, en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), expida autorización derivada de trámites administrativos que acrediten la legal procedencia y transportación de productos forestales.
Establece la obligatoriedad hacia los propietarios de centros de almacenamiento y transportación de materias primas y productos forestales de rendir información sobre los movimientos registrados semestralmente y vigilar, estipular y sancionar la comercialización incorrecta de productos forestales, subsanando su recurrencia, a efecto de reducir el incremento de pasivos ambientales y de la inseguridad por la obtención de recursos fuera del orden económico legal.
El legislador Rubio Montejo refrendó el compromiso de la comisión, más allá de colores partidistas, para caminar hacia los objetivos en materia forestal.
Por su parte, la diputada Martha Olivia García Vidaña, proponente de la iniciativa, explicó que se adiciona el artículo 92 Bis para que los propietarios de centros de almacenamiento y transformación de materias primas y productos forestales presenten, dentro de los primeros 10 días hábiles de los meses de julio y enero de cada año.
Manifestó su preocupación por la tala clandestina y destacó la importancia de que se deslinden las responsabilidades de Conafor y Semarnat “para que cada una haga su trabajo”
Añadió que con violencia no se terminará la tala clandestina, hay que ir paso a paso, y no podemos declarar la guerra al narcotráfico. Son comuneros, ejidatarios que se prestan, pero también hay industrias que compran la madera. “Si no compran, podemos mermar la tala clandestina”.
El diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz dijo que con este dictamen se pone orden para convivir con el desarrollo en equilibrio con el medio ambiente. Señaló que en naciones desarrolladas se ha logrado hacer una empresa del bosque “pero de manera ordenada”.
La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván habló a favor del dictamen porque desde la pasada legislatura se ha trabajado sobre una nueva ley forestal. No podemos pasar por alto que en México hemos trabajado mucho para que las instituciones no sean juez y parte.
Enseguida, la diputada Clementina Marta Dekker Gómez indicó que esta reforma dota de más herramientas para combatir la facturación falsa y la clonación de permisos.
La diputada Adela Piña Bernal destacó que la tala ilegal de árboles tiene que ver con delincuencia organizada, va desde cortar la madera, al aserradero y su venta, están acabando con los recursos naturales y no se emprenden acciones contundentes, por lo que es necesario tomar medidas.
El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez consideró necesario destinar recursos para servicios ambientales a comuneros y campesinos a quienes se les apoya con mil 500 pesos por hectárea, y han destinado entre 120 y 180 millones de pesos si comprueban que cuidan el bosque.
También se aprobaron diversos exhortos a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua, a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo y a la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, para que intervengan en diferentes problemáticas de contaminación de aguas, ambiental y de aplicación de la normatividad.