México.- El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, Feliciano Flores Anguiano, manifestó su desacuerdo con el impuesto al agua, por ello exhortó a las diferentes fracciones parlamentarias para que a la hora de votar la gran mayoría esté de acuerdo en que no se grave ningún impuesto, por la dificultad que están pasando los agricultores en todo el país, su situación es tan difícil económicamente y porque se elevarían los costos de producción.
Durante la Convención Nacional en defensa de un presupuesto digno para el sector hídrico 2020, dijo que se va a presentar en el pleno lo que determinó el Senado respecto a este impuesto o gravar un impuesto al agua, especialmente para riego.
Flores Anguiano enfatizó que la información recabada será de gran utilidad. “Hay que estar pendientes en la semana, especialmente del 11 al 15 de noviembre, que es cuando se estará aprobando el presupuesto en esta Cámara de Diputados”.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua Potable y Saneamiento, Arturo Palma Carro, criticó el recorte de más de 31 por ciento para generar agua potable. Los más de dos mil organismos operadores del líquido pagan altas tarifas eléctricas, con aumentos de entre 40 a 120 por ciento al año, que dañan 60 por ciento los costos de producción y recaudan 48 millones de pesos, mientras que cinco empresas embotelladoras venden 63 mil millones de pesos.
Dijo que cada vez que reducen presupuesto al sector, orillan a los consumidores a comprar botellitas de agua beneficiando a empresas transnacionales, mientras que todavía 160 comunidades nunca han tenido el servicio potable.
Manuel Becerra Lizardi, vicepresidente nacional del Sector Hídrico de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, apuntó que el agua debería considerarse entre las cinco prioridades del país; sin embargo, las inversiones del último lustro no la reflejan ni en el Plan Nacional de Desarrollo.
Agregó que la propuesta para 2020 de más de 20 mil millones es insuficiente; se requieren entre 60 y 90 mil millones de pesos para modernizar la infraestructura hidráulica con participación del gobierno e iniciativa privada, la cual requiere certidumbre jurídica y garantías para invertir, sin que sea sinónimo de privatización.
Por parte de la Asociación de Ingenieros Civiles de México, Marco Alfredo Murillo Ruiz señaló que las tarifas nunca alcanzan y los subsidios no llegan; por ello, se necesita que se impulse y ejerza cabalmente el presupuesto. “Es falso que los productores del campo sean los grandes consumidores del agua, ellos sólo riegan, transforman el agua en alimento y la planta no toma más agua para crecer”.
Zeferino González Lara, de la Asociación Mexicana para el Desarrollo Integral de las Unidades de Riego, afirmó que el agua y la producción de alimentos son temas de seguridad nacional, pese a ello es raquítico el presupuesto.
Rafael Sánchez Bravo, director de Irrigación de la Universidad Autónoma de Chapingo, sostuvo que los 90 mil millones de pesos que la comisión impulsa para el sector, es el presupuesto adecuado para subsistir en las unidades de riego para que la infraestructura hídrica siga funcionando, sólo así se podrá lograr la soberanía alimentaria.
Urgió a capacitar a los campesinos en las técnicas de riego para que dejen de estar sometidos al temporal para cosechar, para elevar la producción.