México.- El documento tiene recomendaciones para garantizar el derecho a un medio ambiente sano, por medio de una estrategia de fortalecimiento, ampliación y mejora de la gestión de las áreas naturales protegidas; equilibrar los programas en función de su impacto sobre la protección de los ecosistemas y el beneficio para los propietarios de los territorios mejor conservados.
Además, incorpora una estrategia explícita para dar fuerza a las políticas e instrumentos que reduzcan la contaminación atmosférica hasta cumplir con los límites vinculados a la salud pública.
Refiere que el PND debería fortalecer el eje transversal institucionalizando el financiamiento de proyectos regionales, porque la inversión es el mecanismo insoslayable de evaluación técnica, financiera, económica y ambiental, para que como política pública emanada de un programa sectorial, permita evaluar de forma integral la sustentabilidad territorial regional y local.
En materia de biodiversidad, considera que el PND es omiso en el establecimiento de estrategias y acciones encaminadas a prevenir y detener la pérdida en este rubro, además confunde los fines y propósitos, como por ejemplo, el hecho de detener la deforestación de bosques y selvas porque es combatir el cambio climático, lo cual no necesariamente es preservación de la biodiversidad.
La diputada Frida Esparza Márquez afirmó que en el plan “hay fallas y lagunas” respecto al tema ambiental, sobre todo por el impacto que tendrán la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, que afectarán directamente el medio ambiente y que no se contemplan de manera específica y puntual.
Por otra parte, los integrantes de la instancia legislativa aprobaron la opinión a la iniciativa que reforma diversas leyes federales en materia ambiental y ecológica, así como a la Constitución Política para que el Estado haga conciencia sobre el problema que representa el consumo indiscriminado de plástico, papel y otros insumos de un solo uso.
Propone promover compras sustentables sobre los recursos que se utilizan en las oficinas del gobierno federal y local.
Asimismo, avalaron la iniciativa para modificar la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, con el objetivo de que las políticas públicas en la materia sean más claras y tengan elementos precisos para su cumplimiento.