Ante la urgente necesidad de proteger el patrimonio común de la humanidad dadas las crisis ambientales globales, México, acorde con el principio de precaución y con pleno respeto al derecho internacional, ha decidido apoyar la moratoria de la explotación del fondo marino en tanto no se tenga la información científica suficiente, que brinde certidumbre respecto a los impactos ambientales de esta actividad, que permita contar con normas, reglamentos, procedimientos, estándares y lineamientos que garanticen la protección eficaz del medio marino contra los potenciales efectos nocivos de estas actividades.
Además, México defiende que, en caso de que haya la posibilidad de que inicien actividades de explotación de los fondos marinos fuera de la jurisdicción nacional, será necesario establecer mecanismos de aplicación, inspección, vigilancia y cumplimiento adecuados, de manera previa.
Por todo lo anterior, México no patrocinará ni apoyará la concesión de licencias de explotación en el seno del Consejo de la Autoridad de los Fondos Marinos hasta que se cuente con información científica suficiente que garantice la protección eficaz del medio marino además de un marco jurídico sólido y completo.
El país se ha comprometido, mediante legislación nacional e internacional, a proteger y conservar el ecosistema marino dado su rol fundamental en el equilibrio ecológico y la vida en la tierra. Es en ese espíritu que México, como Estado Parte de la Autoridad y como uno de los miembros de su Consejo, reitera su compromiso y seguirá trabajando en el seno de este órgano internacional en favor de una correcta gobernanza de la Zona, que garantice la efectiva protección y preservación del patrimonio común de la humanidad desde una perspectiva integral, responsable y equitativa.
Finalmente, existe consenso en que, bajo el estado del conocimiento científico actual, no hay certeza sobre el impacto real que las actividades de explotación en la Zona tendrían sobre el medio marino. En ese sentido, México celebra el compromiso de los miembros del Consejo que han optado por no apoyar el inicio de la actividad extractiva hasta que exista certidumbre científica respecto de sus impactos potenciales y apoya las labores de la Autoridad enfocadas al desarrollo de investigación previo a iniciar cualquier actividad que pueda poner en riesgo la biodiversidad y, por ende, nuestro futuro.