México.- El pasado 22 de septiembre, un juez federal otorgó la suspensión definitiva a cuatro de las 24 concesiones mineras concedidas por la Secretaría de Economía en los municipios de Actopan y Alto Lucero en Veracruz. Esto, en respuesta al amparo interpuesto el pasado 25 de agosto por habitantes de dichas comunidades quienes consideran seriamente vulnerados sus derechos humanos a la vida digna, a un medio ambiente sano, al acceso al agua y a la participación en la toma de decisiones por la existencia de las concesiones mineras y con ella, la posibilidad latente de realización de esta actividad extractiva, informó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) en un comunicado..
Las actividades mineras en esta región representan graves afectaciones que ponen en riesgo el proyecto de vida de las comunidades, la cual está basada en el manejo de múltiples ecosistemas y en los beneficios ambientales que éstos proporcionan. Eso presenta una violación a su derecho colectivo de seguir siendo quienes son y quieren ser como comunidades y familias.
La minería también es una amenaza al derecho al agua, ya que debido a la explotación de los recursos hídricos que requiere, deja a las comunidades en una situación de extrema vulnerabilidad ante la crisis hídrica y climática existente, indicó la organización.
Respecto de las 20 concesiones restantes que también forman parte de este distrito minero, las autoridades judiciales aún están por pronunciarse; sin embargo, se espera que en las próximas semanas se suspendan también sus efectos, permitiendo salvaguardar los derechos de las comunidades al evitar que se produzcan daños irreparables en esta región. Por su parte, la Secretaría de Economía presentó diversos recursos de revisión ante las cuatro suspensiones otorgadas mismos que aún están sin resolverse.
El distrito minero presenta un riesgo inaceptable para la población adyacente por la cercanía con la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, el paso de líneas eléctricas de alta tensión, los ductos que transportan hidrocarburos y los eventos meteorológicos típicos de las zonas costeras. Esta industria extractiva tendría un impacto irreversible en la integridad de los socioecosistemas costeros únicos dónde se encuentran plantas endémicas milenarias y una zona de tránsito de aves rapaces.
Por otra parte, el pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la autorización al proyecto “Exploración mediante Barrenación a Diamante Caballo Blanco 1”, el cual había sido promovido por la empresa Minera Caballo Blanco, S.A. de C.V. a través de un informe preventivo y no mediante una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para iniciar el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), como establecen la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y la NOM-120-SERMANAT-2020, la cual señala que no es posible realizar el tipo de actividades promovidas por el proyecto en la zona climática cálida que predomina en la región.
Por todo lo anterior, el CEMDA celebró la suspensión definitiva de las cuatro concesiones así como la negativa al proyecto minero de Caballo Blanco, acciones que representan un precedente importante en el resguardo de los ecosistemas y su vínculo con las personas que habitan en esta región. Asimismo, hacemos un llamado a las autoridades judiciales correspondientes para que se mantenga la protección de los derechos humanos de las comunidades ante los riesgos que representan las actividades mineras.