Sequías, inundaciones, olas de calor y otros fenómenos meteorológicos que generan desastres naturales tienen cada vez más que ver con la crisis climática y precisan de una toma de responsabilidad conjunta por parte de gobiernos, empresas y ciudadanos para hacerles frente.
Así figura en diversos informes internacionales publicados recientemente que han apelado a un "rediseño de las estructuras socioeconómicas que eliminen discriminaciones sociales" con ocasión del Día Internacional de los Desastres Naturales.
Tal es el caso del informe de evaluación global 2022 publicado por la oficina de la ONU para la reducción del riesgo de desastres (UNDRR), que denuncia una percepción de este peligro "basada en la subestimación y la invencibilidad" que termina conduciendo a decisiones políticas y financieras que "agravan las vulnerabilidades existentes".
Si las tendencias actuales continúan, según la UNDRR, el número de catástrofes anuales podría aumentar en un 40% de aquí a 2030, lo que coincide con un análisis de la Organización Meteorológica Mundial, que señala que de hecho ya se han multiplicado por cinco en los últimos 50 años.
En ese sentido, la responsable de acción humanitaria de Oxfam Intermón, Pilar Orduña, ha insistido en que "los fenómenos extremos afectan a la escasez de agua y alimentos, con un efecto directo sobre la agricultura, el pastoreo, la pesca…, las fuentes de ingresos y alimentación de las familias más vulnerables” y, en especial, de "mujeres, niños, minorías étnicas y pequeños agricultores”.
El último estudio de esta organización, 'El hambre en un mundo que se calienta', señala una correlación entre la crisis climática y el aumento del hambre en diez de los países más afectados por los desastres climáticos, como Afganistán, Burkina Faso o Guatemala, y el último informe de evaluación del Cred (Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres) destaca los 30 millones de personas afectadas en Pakistán o los más de 7 millones en Bangladesh por culpa de las inundaciones del primer semestre de este mismo año".
Pese a ello, "los países industrializados, responsables de un 92% de las emisiones de carbono, son los que más obstaculizan las negociaciones en torno a la financiación de los daños" que sufren los países en desarrollo, más afectados por la crisis climática.
Un dato esperanzador es el que subraya cómo la aplicación de estrategias de reducción del riesgo, incluyendo los sistemas de alerta temprana, ha permitido disminuir el número de muertes por desastres naturales durante el último decenio, tal y como pedía el denominado Marco de Sendai -agenda internacional acordada en 2015 que exige tener en cuenta el factor riesgo en un desarrollo sostenible- impulsado por la UNDRR.
Sin embargo, el director de la fundación Ecología y Desarrollo, Víctor Viñuales, ha alertado de la "multiplicación de la frecuencia, gravedad y extensión geográfica de las catástrofes" que afectan a "todos los sectores económicos e institucionales".
Esta situación debería incrementar la concienciación de la sociedad a fin de promover una "corresponsabilidad desde el punto de vista moral y ético" de todos sus integrantes.
Medidas como la ayuda inmediata ante una crisis de seguridad alimentaria o la construcción de sistemas alimentarios más sostenibles deberían ir acompañadas, según Orduña, de una "acción climática que implique también la transformación de economías y sociedades hacia modelos regeneradores, resilientes" y provistos de mecanismos de "financiación para adaptación y reparación de pérdidas y daños de los más países más afectados".
Por ello, la COP27 que se organizará en la localidad egipcia de Sharm El Sheij en las próximas semanas debería, entre otras cosas, "poner en marcha una financiación accesible y continua que complemente los compromisos de adaptación y mitigación con los principios de justicia climática”.