Ciudad de Guatemala.- Colectivos indígenas y organizaciones de la sociedad civil guatemalteca exigieron frente a la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, una consulta popular sobre una mina de níquel en el este del país, donde se han registrado enfrentamientos violentos en los últimos días.
La Asamblea Social y Popular, el Colectivo Waqib' Kej y la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua), entre otras organizaciones, pidieron de igual forma al Gobierno que cumpla la resolución dictada en 2019 por el Constitucional para hacer una consulta popular libre e informada que permita la operación de la mina.
La extractora minera, denominada Fénix, se encuentra ubicada en el municipio de El Estor, en el departamento de Izabal, unos 300 kilómetros al noreste de la Ciudad de Guatemala (centro), y pertenece a la Compañía Guatemalteca de Níquel, subsidiaria de la firma suiza y rusa Solway Investment Group.
Durante el pasado viernes y sábado, las fuerzas de seguridad reprimieron con violencia a comunidades indígenas q'eqchi'' locales que se oponen al funcionamiento de la mina sin una consulta popular, entre otras razones, como la falta de estudios de impacto ambiental.
Los enfrentamientos han dejado decenas de heridos -entre los que se encuentran agentes de la Policía Nacional Civil-, tras más de 20 días desde que la resistencia indígena contra la minería de níquel instalara un campamento improvisado en la carretera.
Debido a los enfrentamientos, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, ordenó el domingo un estado de sitio por 30 días en El Estor, medida con la que es permitido detener a cualquier persona sin orden judicial además de restringir la locomoción de la población en el municipio.
Piden respeto al territorio
La coordinadora de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, Rosalina Tuyuc, pidió frente al edificio del Constitucional, en el centro de la Ciudad de Guatemala, el "respeto a la resistencia, a la tierra, al territorio y a los bienes naturales del pueblo maya q'eqchi".
"Estamos aquí también para decir que la Corte de Constitucionalidad haga valer la resolución emitida a favor de las comunidades y, principalmente, a favor de la consulta libre e informada", añadió Tuyuc, ampliamente galardonada a nivel internacional por su labor como activista de derechos humanos.
La líder indígena exigió "un alto a la persecución a las comunidades del pueblo maya q'eqchi' en El Estor" y subrayó que los responsabilidades "por lo que pueda pasar" son de "las autoridades de la seguridad pública".
Tuyuc concluyó que con "la represión" de la fuerza pública a la población en resistencia contra la mina en los últimos días, "se afirman los intereses económicos y trasnacionales que han hecho nuestros gobiernos, en este caso el de Alejandro Giammattei, en contubernio con esas empresas que vienen a saquear los bienes naturales'".
El Gobierno de Giammattei, por su parte, aseveró por la noche en un comunicado de prensa que la suspensión de la mina está en vigencia, pero que existen "otras actividades como la planta procesadora y otros derechos mineros de la zona" que "no están relacionados con la resolución referida".
Ello debido a que el ombudsman guatemalteco, Jordan Rodas, señaló ese mismo sábado que las fuerzas de seguridad protegían a camiones que ingresaban con carga a la mina.