Ciudad de México.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), reconocieron la existencia de datos y registros que confirman la presencia de semillas de maíz y soya genéticamente modificadas en Campeche, tal como lo denunciaron el 2 de diciembre de 2020 comunidades mayas y organizaciones de la sociedad civil, indica un comunicado de Greenpeace México.
En respuesta a las solicitudes de acceso a la información, realizadas vía Plataforma de Transparencia (Infomex) -presentadas por habitantes de las comunidades de Hopelchén, Campeche, y de las organizaciones Greenpeace México, Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA) e Indignación- en las que se solicitó información sobre la existencia de algún estudio o análisis efectuado en el año 2020, en el que se haya detectado y confirmado la presencia de rastros o eventos transgénicos en muestras de plantas de soya y maíz, se confirmaron casos positivos para ambos cultivos.
En el caso de la Semarnat, cuya respuesta se proporcionó el 19 de enero de 2021, informó que “los resultados obtenidos a las muestras de ejemplares de maíz y soya provenientes de las comunidades de Hopelchén, Campeche para el caso del maíz la muestra fue positiva para el promotor 35s, el terminador T-nos y a los eventos MON88017 y NK603, el primero confiere resistencia a coleópteros y tolerancia al herbicida glifosato, y el segundo tolerancia al herbicida glifosato. Por su parte, para las muestras de soya se obtuvo un resultado positivo para el evento MON4032 que confiere tolerancia al herbicida glifosato”.
Por su parte, el Senasica respondió el 03 de febrero de 2021, previa solicitud de prórroga, que “en lo que va del año 2020, se han realizado verificaciones al cultivo de soya en el Estado de Campeche (municipio de Hopelchén), de las cuales 4 muestras de tejido vegetal conforme a los resultados de laboratorio fueron positivas a la presencia de material genéticamente modificado”; aunque para el caso de maíz, señaló que se tienen cero estudios o análisis en los que se haya confirmado la presencia de rastros o eventos transgénicos en el estado de Campeche.
Por lo tanto, y ante el inminente riesgo de afectaciones irreversibles derivadas de la siembra de semillas de maíz y soya genéticamente modificadas y al haberse observado la aplicación de glifosato sobre predios ubicados cerca de la Comunidad de Komchén, Municipio de Hopelchén, las organizaciones firmantes demandaron a las autoridades ordenar y aplicar las medidas de seguridad o de urgente aplicación pertinentes, en observancia al principio precautorio consignado en la Declaración de Río y en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
Existe una gran preocupación por la impunidad que impera al observarse la siembra ilegal de soya a lo largo de 5 años.
En el comunicado, Greenpeace apunta que el Acuerdo de Escazú entra en vigor en abril del presente año, conforme a su artículo 22.1, pero ya ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en asuntos ambientales sometidos a su jurisdicción.
“Recordemos que el Estado debe garantizar que en caso de amenaza inminente a la salud pública o al medio ambiente, la autoridad competente que corresponda divulgará de forma inmediata y por los medios más efectivos toda la información relevante que se encuentre en su poder y que permita al público tomar medidas para prevenir o limitar eventuales daños, en términos del artículo 6.5 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú” señalan las organizacionese firmantes.
En ese sentido, a través del mismo recurso de Infomex, se preguntó sobre el procedimiento que siguieron dichas dependencias, a través de sus unidades administrativas competentes, con los resultados obtenidos.
Semarnat informó que notificó los resultados del Informe de Prueba a la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos (UCAJ), para realizar los actos de inspección y vigilancia. Además, señaló que se notificó de los resultados del informe de prueba antes referido a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y la Secretaría de Salud.
En el caso del Senasica, informó que se realizó la integración de las constancias correspondientes y se remitieron a la Dirección General Jurídica, quien determinará si existen o no elementos para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente; sin embargo, no proporcionó los documentos que así lo acrediten, ya que dicha autoridad clasificó la información como reservada, -por cinco años-, pues considera que “se violentaría la esfera de derechos de los presuntos infractores”.
Adicionalmente, y con fundamento en los artículos 4° y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,las organizaciones denunciantes han enviado un oficio a Senasica y Semarnat solicitando información sobre las acciones que se llevarán a cabo para evitar y mitigar el riesgo de la presencia de transgénicos en el territorio de Hopelchén, y de igual manera se solicitará información en Infomex.
Las organizaciones firmante indicaron que es urgente que se reconozcan los derechos de los productores a pequeña escala, la protección y fomento de las semillas nativas y de los sistemas tradicionales de producción de alimentos, así como la aplicación del decreto presidencial que prohíbe el maíz transgénico y el glifosato para 2024, para evitar eventos de contaminación y proteger a las razas de maíces nativos en México y la agrobiodiversidad, mediante biomonitoreos constantes para garantizar la pureza de las semillas, fomento a la siembra de dichas variedades, disminución paulatina de importaciones de maíz GM, entre otras.
Si bien este decreto no existía al momento de que se hicieron estas siembras son de cualquier manera ilegales por lo que se debe actuar en consecuencia y ahora que se cuenta con el decreto presidencial, se debe hacer cumplir sin pretexto alguno.
La organizaciones firmantes son: Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.; Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes; Greenpeace México A.C.; Indignación A.C.; y la Alianza Maya por las Abejas de la Península de Yucatán Kabnaalo’on