Dakar.- Parawi, por ejemplo, tiene unos 400 años. Otros pueblos, como Hamdallaye, Horè Lafou o N'data Fogné se fundaron hace dos siglos. Son, en definitiva, tierras que han pasado de generación a generación, pero que ahora se hallan en una encrucijada existencial.
La extracción de la bauxita hace que las poblaciones afronten problemas como el difícil acceso al agua y su contaminación, una mala calidad del aire, la pérdida de tierras y una falta de ingresos que progresivamente les aboca a la pobreza y el hambre.
Tras décadas viendo cómo su rico subsuelo sólo beneficia a una pequeña élite, trece pueblos de ese país de África occidental interpusieron este 20 de febrero una queja contra la Corporación Financiera Internacional (SFI), perteneciente al Banco Mundial (BM).
Lo hicieron por los "serios perjuicios resultantes de las operaciones mineras de la CBG, situadas en la subprefectura de Sangaredi", explica la denuncia cursada ante el mediador de la SFI.
Sangaredi es el yacimiento más rico en bauxita conocido en el mundo y este mineral supone la principal fuente de obtención de aluminio...
La CBG es la Compañía de Bauxitas de Guinea, creada en 1963 y que empezó a explotar el suelo guineano en 1973, aunque no es la única empresa que lo hace.
Sangaredi es el yacimiento más rico en bauxita conocido en el mundo y este mineral supone la principal fuente de obtención de aluminio, con el que fabrican desde utensilios de uso doméstico, papel de aluminio, ventanas o latas hasta aviones, trenes y automóviles en aleación con hierro y otros metales.
Los trece pueblos guineanos dirigieron su queja a la SFI porque fue esta institución la que prestó dinero a la CBG en 2016 para un proyecto de extensión que les está afectando para mal.
"En la SFI hay unas normas que todo cliente debe respetar en todo proyecto que se beneficie de la inversión del Banco Mundial", explica Ibrahima Khalil Bamba, coordinador de CECIDE, una de las organizaciones que media y aconseja a esos trece pueblos.
Según la denuncia, la CBG no estaría respetando las "normas de actuación" de la SFI en cuanto a la "gestión de riesgos e impactos medioambientales y sociales del proyecto" y, en consecuencia, la SFI "no ha respetado la política de durabilidad medioambiental".
Mientras el Gobierno guineano busca sacar todo el potencial minero del país, que en 2017 era el tercer exportador de bauxita, según el BM, las poblaciones de esas zonas han ido viendo que empeora su calidad de vida.
En algunos pueblos, las fuentes de agua naturales y pozos se han secado e, incluso, contaminado; y muchos se han visto desplazados a zonas no aptas para la agricultura o la ganadería, e incluso la mala calidad del aire ha minado la productividad agrícola.
A pesar de que la bauxita no es tóxica, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte de que la exposición a partículas finas, generada por las actividades mineras, puede causar o empeorar enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
En 2017, la CBG se comprometió a hacer un seguimiento completo de la calidad del aire, pero aún no se han publicado los resultados.
En febrero de 2018, sin embargo, una inspección conjunta de los ministerios de Minas y Medioambiente registró niveles de partículas finas por encima de los recomendados por la OMS, advirtió la organización Human Rights Watch en un informe ese mismo año.
Otro problema son las indemnizaciones a quienes sufren desalojo por el avance de las explotaciones mineras.
"Entre los textos de aplicación del Código minero, revisado en 2013, no hay un reglamento de indemnización armonizado para todo el territorio, así que cada empresa tiene sus métodos de cálculo y esto también crea conflictos", explica el coordinador de CECIDE.
Bamba asegura que las plantaciones que se han indemnizado están "infravaloradas" y que, durante su visita en diciembre pasado a los cultivos de anacardo de la zona, "no había ni un solo aldeano que hubiera recibido una indemnización" justa.
Además, "los métodos de cálculo son totalmente complejos para las comunidades y no comprenden gran cosa, así que finalmente las cantidades están por debajo de sus expectativas", agrega.
A pesar de las quejas, la CBG asegura en su web que la extracción de bauxita la realiza "en el estricto respeto de las normas medioambientales y sociales", que es una "empresa responsable" y que desea "mantener relaciones de confianza" y "duraderas" con las "comunidades locales", basadas en "respeto mutuo" y "transparencia".
Pero al intentar resolver los problemas, los afectados se topan con el silencio de la compañía o la lentitud burocrática.
"Si los mecanismos de compromiso funcionaran en cada empresa minera en Guinea, francamente habría muchos problemas que podrían haber sido prevenidos de raíz, y muchos conflictos se habrían evitado", advierte Bamba.
Entre los pueblos afectados, Parawol fue fundado hace 370 años, y Boundou Wandè hace unos 160. Para Bamba es importante insistir en la protección de los derechos de esas poblaciones y demostrar que tienen un pasado de ocupación antiguo que les hace propietarios.
"Desplazar un pueblo o apropiarse de sus tierras sin una compensación justa -zanja- pone patas arriba toda la organización social, política y cultural de esos pueblos. La tierra o la propiedad juegan un papel importante, especialmente en África"