México.- En atención al llamado de la Secretaria del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Puebla, para atender una denuncia presentada por colonos del barrio El Cristo en Santa María Xonacatepec, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró un predio donde se almacenaban más de 3 toneladas de residuos peligrosos biológico- infecciosos (RPBI) sin autorización oficial, y aseguró un vehículo que también contenía este tipo de residuos sin las condiciones adecuadas.
El viernes 12 de junio, la Profepa realizó una visita de inspección en el terreno donde se observó el almacenamiento y/o acopio de RPBI sin contar con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el acopio.
Se cuantificó un total de 2.5 toneladas de RPBI que se encontraban sobre el suelo natural y a cielo abierto en las siguientes cantidades: 700 kg de sangre, 200 kg de cultivos y cepas, 1,000 kg de No anatómicos, 200 kg de punzocortantes, 20 kg de patológicos y 400 kg de medicamento caduco.
También, al interior del inmueble inspeccionado se encontró un vehículo con caja refrigerada, en cuyo interior se encontraron 700 kg. de estos residuos que pretendía depositar en el predio.
El propietario del predio no presentó autorización por parte de la Semarnat para el acopio de residuos peligrosos, además de que no cumplió con las condiciones para su almacenamiento como lo establece la Ley en la materia y la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002.
La Procuraduría impuso como medida de seguridad la clausura total temporal del predio donde se almacenaban los residuos, así como el aseguramiento precautorio del vehículo encontrado por pretender depositar residuos peligrosos en el sitio inspeccionado.
Como medida de urgente aplicación, se requirió al propietario del predio que dentro de los 5 días naturales siguientes, presentara ante la Procuraduría un plan de acción para trasladar a una empresa autorizada para el tratamiento y disposición final de las 3.2 toneladas de RPBI, cuya acción se realizó el 16 de junio pasado.
En seguimiento a la denuncia penal que interpuso la Profepa ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien se ostentó como propietario del inmueble y contra el propietario del vehículo, por el delito contra el ambiente y la gestión ambiental, personal de la Procuraduría supervisó el traslado de los RPBI a la empresa autorizada para su tratamiento y destino final, en apoyo a la orden de cateo.
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