Ciudad de México.- Las y los diputados integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México, que preside el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, aprobaron por unanimidad el dictamen para incorporar el concepto de “vehículos no motorizados” a la Ley de Movilidad local.
En sesión de trabajo virtual, realizada este martes, la comisión aprobó también el dictamen, mediante el cual se emitió opinión dirigida a las comisiones dictaminadoras correspondientes, respecto de la propuesta para modificar las leyes de Adquisiciones, de Movilidad y el Código Civil, el cual tiene el objetivo de establecer restricciones para aquellas personas inscritas en el registro de deudores alimentarios, morosos.
Al reseñar el dictamen de modificación a la Ley de Movilidad, la secretaria de la Comisión, diputada Ana Patricia Báez Guerrero, explicó la definición de “vehículos no motorizados”:
Son aquellos vehículos que utilizan tracción humana, pedaleo asistido y/o propulsión eléctrica para su desplazamiento con una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora.
Con esto, dijo, se homologará lo que se entiende por vehículo no motorizado, con lo estipulado en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.
En el análisis se consideró que en la norma no se debería incorporar la obligatoriedad para las empresas que ofrecen servicios de vehículos no motorizados, de desarrollar infraestructura de anclaje, ya que la experiencia - expuesta por la Semovi- “es que cada prestador del servicio tiene diferentes mecanismos de anclaje”.
Al respecto, Gabriela Salido Magos se congratuló de la aprobación del instrumento legislativo, porque se fortalece el uso de medios
ecológicos y alternativos. Sin embargo, consideró que el dictamen “tendría que incorporar la propuesta original para garantizar la infraestructura de anclaje”.
Emiten opinión a las comisiones dictaminadoras correspondientes
Durante el desarrollo de los trabajos también se aprobó el dictamen, mediante el cual se emitió opinión en sentido negativo a la iniciativa que buscaba reformar las leyes de Adquisiciones y de Movilidad, así como el Código Civil, a fin de establecer restricciones para las personas que se encuentren inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios y Morosos (Redam).
Estas personas tendrían restricciones en la expedición y/o renovación de la licencia de conducir, incluso para ser proveedor del Gobierno de la Ciudad de México, alcaldías, órganos autónomos y otras instituciones capitalinas.
En el análisis y estudio de la propuesta de reformas a las Leyes, la Comisión de Movilidad consideró que si bien es benéfico restringir la realización del trámite de la licencia de conducir –a quienes incumplan con sus obligaciones alimentarias-, la medida no es efectiva, pues las personas pueden realizar el trámite en otras entidades.
También consideró que la medida podría tener un impacto económico negativo en los deudores alimentarios, y esto generaría falta de recursos para el cumplimiento de sus obligaciones.
Al respecto, la legisladora Salido Magos argumentó “el establecer sanciones por el incumplimiento de la pensión no solamente se trata de garantizar que las mujeres puedan tener acceso a ellas, también para visibilizar y hacer referencia a un problema de violencia de género que tiene que ver con el control económico”, dijo.