Santiago de Chile.- La Justicia chilena ordenó este viernes suspender una polémica licitación para la explotación de 160 mil toneladas de litio que se resolvió el pasado miércoles a favor de dos empresas, una china y una nacional, por valor de 121 millones de dólares.
La Corte de Apelaciones de Copiapó, en la región de Atacama, zona que alberga la mayor reserva de litio del mundo, acogió a trámite un recurso de protección contra el ministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet y dictó "que suspende el proceso de licitación de contratos de explotación, exploración y beneficio de litio".
Así lo informó el Poder Judicial en su cuenta de Twitter, cuatro días después de que Miguel Vargas, gobernador de la región atacameña, interpusiera el recurso.
En el documento admitido por el Tribunal de Alzada, la autoridad regional argumentó que la licitación debía suspenderse para dar paso a un proceso que permita "la participación real de la comunidad atacameña con miras a la protección de la igualdad ante la ley, la protección del medioambiente y el desarrollo turístico y libertad económica" de la zona.
Según el texto, la licitación gubernamental entraba en "ilegalidad, arbitrariedad y afectación" de derechos consagrados en la Constitución del país, como el de vivir en un ambiente libre de contaminación.
Por su parte, desde el Ministerio de Minería señalaron que respetan la resolución del Poder Judicial, aunque se encuentran "analizando los antecedentes para responder conforme a las herramientas y plazos que entrega la ley".
"El Ministerio de Minería reitera que la licitación nacional e internacional para aumentar la producción de litio ha sido un proceso abierto, informado, transparente y que ha cumplido con toda la legalidad vigente", agregaron desde la cartera en un comunicado público.
El organismo adjudicó el miércoles dos contratos para la explotación de 80 mil toneladas de litio cada uno a la empresa china BYD, una de las mayores firmas de vehículos eléctricos, y a la chilena Servicios y Operaciones Mineras del Norte.
Los acuerdos, por valor de 61 y 60 millones de dólares, respectivamente, tendrán una duración de 27 años, prorrogables a 29, contando la fase de exploración geológica, desarrollo del proyecto y producción del litio, del que Chile es segundo productor mundial después de Australia.
La licitación generó una ola de críticas de parte de la oposición y muchos activistas ambientales, que denuncian que la decisión del Gobierno fue apresurada, a solo dos meses del fin del mandato del conservador Sebastián Piñera, y que refleja el modelo extractivista que se implantó hace décadas en el país, poco respetuoso con el medio ambiente.
Desde entonces, la adjudicación se ha tratado de frenar por varias vías. Al recurso de protección del gobernador de Atacama se sumó el escrito presentado el jueves por un grupo de diputados de izquierda que solicitaron a la Contraloría (ente regulador) investigar el proceso por irregularidades procedimentales.
"Toda la presión política y social de alguna manera va encontrando un buen resultado. Celebramos la decisión y valentía de la Corte de Apelaciones", señaló el diputado opositor Ricardo Soto, del Partido por la Democracia.
Durante la semana, el presidente electo, el diputado de izquierda Gabriel Boric, afirmó que los contratos son "una mala noticia", aseguró que los "revisará" con su equipo y reiteró su idea de crear una empresa nacional del litio "que actúe en consideración con las comunidades, con el cuidado de las salares y con el desarrollo productivo nacional".
El litio, cuya extracción requiere de un gran consumo de agua, es imprescindible para la elaboración de baterías de teléfonos, ordenadores portátiles y vehículos eléctricos, y su consumo y precio se han disparado en los últimos años por el auge la electromovilidad.