Guatemala.- El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) admitió la queja presentada por las comunidades indígenas afectadas por las empresas Pojom II y San Andrés, en la microrregión de Izquisis, por los posibles daños ocasionados por dos hidroeléctricas.
La organización ambiental Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) informó este jueves de la admisión de esta queja, presentada el pasado 4 de agosto.
Y explicó que el mecanismo debe ahora elaborar "términos de referencia para la investigación y recomendaciones en torno a la realización o no de una verificación de la observancia".
La queja, presentada en conjunto con la Plataforma Internacional contra la Impunidad y el Gobierno Ancestral Plurinacional Q'anjob'al, Popti, Chuj y Akateko, se entregó el 4 de agosto de 2018 al Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En ella, solicitaban que se recomiende al BID retirar su inversión debido a que incumplió "sus propias políticas operativas al financiar las hidroeléctricas, cuya planeación y construcción ha resultado en daños sociales y ambientales".
El representante del Gobierno Pluracional, Rigoberto Juárez, mostró su esperanza en que debido a la documentación presentada se concluya que el banco "incumplió sus políticas y recomiende, por tanto, que retire su inversión de los proyectos", ya que así se contribuiría "al cese de los ataques contra las personas de Ixquisis, en su mayoría mujeres mayas, por parte de las empresas a cargo de las represas y con apoyo de fuerzas de seguridad nacional".
El mecanismo de rendición de cuentas del BID admitió la queja debido a que la misma cumple con los criterios correspondientes, lo cual fue constatado "tras numerosas reuniones presenciales y telefónicas con distintos actores", entre ellos los denunciantes, la administración del BID, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de organismos internacionales.
"Esta decisión es un paso muy importante en el proceso de rendición de cuentas de las instituciones financieras internacionales", dijo Anabella Sibrián, de la Plataforma Internacional contra la Impunidad.
En la queja se detalla que las represas fueron autorizadas sin que las comunidades fueran adecuadamente consultadas y que estas no han recibido información suficiente sobre los riesgos de los proyectos.
Además, ante su resistencia pacífica a los mismos, las personas afectadas han sufrido ataques, amenazas, hostigamiento e incluso se denunció el asesinato aún no esclarecido de una de ellas en 2017.
La construcción de las represas ha causado daños ambientales como la escasez de agua y la contaminación de ríos, afectando la pesca, la agricultura y los modos de vida tradicionales de las comunidades de Ixquisis, departamento de Huehuetenango, mayormente indígenas mayas y donde sobresalen las etnias Chuj, Q'anjob'al y Akateko.
La hidroeléctrica Pojom II es promovida por la empresa Generadora San Mateo S.A., mientras que la de San Andrés está a cargo de Generadora San Andrés S.A.
Ambas empresas son subsidiarias de Promoción y Desarrollos Hídricos S.A., una compañía nacional.
En 2013, el BID Invest, brazo privado del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, aprobó un préstamo de hasta 9 millones de dólares para la construcción de Pojom II y de hasta de 6 millones para el proyecto San Andrés.