La defensa de la naturaleza tiene en pie de guerra a comunidades indígenas de Latinoamérica ante la cada vez más extensa actividad extractiva de recursos por parte de multinacionales, y que en muchas ocasiones tiene un elevado coste: la vida de los defensores.
Así lo han explicado representantes indígenas, de onegés y abogados que trabajan en Bolivia, Guatemala y Brasil en el marco del Foro Internacional de Pueblos Indígenas de la ONU en Nueva York, concluido este viernes.
Los activistas han logrado en los últimos años dos sentencias que han parado proyectos en Guatemala y Ecuador.
"Para nosotros la suspensión del proyecto minero El Escobal en Guatemala es un precedente importante", señala Quelvin Jiménez, abogado del Parlamento del Pueblo Xinka, organización que representa a cinco comunidades afectadas por la extracción de plata en la mina San Rafael, en el departamento sureño de San Rafael las Flores, en manos de la empresa canadiense Pan American Silver.
En un fallo único, la Corte Superior de Justicia de Guatemala dictó en junio de 2017 la suspensión del proyecto "por falta de consulta previa a las comunidades afectadas por los trabajos de la mina", que produjo daños en las viviendas e infraestructuras de dos comunidades, según Jiménez.
Este no es el único conflicto en Guatemala, donde la construcción de hidroeléctricas y los monocultivos como la caña de azúcar y la palma africana afectan a otras comunidades indígenas.
Las protestas contra la construcción de hidroeléctricas en el río Cahabón, en el departamento de Alto Verapaz (norte), en la que participa la multinacional española ACS con la subsidiaria local Cobra, han llevado a una condena de siete años al líder quekchí Bernardo Caal Xol.
Según Almudena Moreno, de la ONG española Alianza para la Solidaridad, en Guatemala se está "criminalizando más que asesinando" a los defensores medioambientales para "desestabilizar" a las comunidades indígenas defensoras de sus territorios. Las empresas, agrega, no cumplen con las directrices de la OCDE sobre el respeto a los derechos humanos.
En Bolivia, el Gobierno de Evo Morales y la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) han autorizado la exploración de hidrocarburos y gas en el Chiquiacá Norte, localidad en la reserva natural de Tariquia, en el sur del país.
Además, la empresa brasileña Petrobras está realizando los estudios para la apertura de pozos en San Telmo Norte y Astilleros, señala la dirigente indígena Lourdes Zutara, que explica que gracias a Cáritas Bolivia han podido acceder a "información veraz" después de que las autoridades locales les negaran que el proyecto generaría contaminación.
Desde hace tres años están embarcados en "la defensa de la única reserva de esa zona", sin embargo, de las diez comunidades que inicialmente luchaban "gracias a prebendas de las autoridades" ahora solo quedan seis.
En Brasil, los pueblos indígenas viven el momento más grave desde la redemocratización del país con el fin de la dictadura militar, en 1985), señala la cofundadora de la Agencia Amazonia Real, Elaize Farias, que acusa al gobierno del presidente Jair Bolsonaro de destruir la política indigenista y desmontar los órganos de protección al bosque.
"En Brasil, hay 305 etnias diferentes de pueblos originarios y Bolsonaro quiere autorizar actividades económicas de gran impacto social y ambiental en las tierras indígenas, como minería y agronegocio, entre otros, para atender intereses de grandes corporaciones empresariales", agrega Farias, quien recogió esta semana junto al fotógrafo Alberto Araujo el Premio Rey de España como Medio de Comunicación destacado de Iberoamérica.
Al igual que en Guatemala, en Ecuador un tribunal de la provincia de Pastaza, en el este del país, falló el pasado 26 de abril a favor de la etnia indígena waorani, que exigía la paralización de la licitación de un proyecto petrolero en su territorio porque no se realizó de forma lícita la consulta previa que exige la ley ecuatoriana y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).