San Juan.- El jefe de la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico, Ottmar Chávez indicó a través de un comunicado que la agencia ha procesado casi una cuarta parte de los vehículos del Negociado de la Policía que son considerados chatarra.
Esto como parte del denominado "Operativo Contra la Chatarra" iniciado en diciembre del año pasado con el objetivo de decomisar los vehículos acumulados durante años en lotes, fincas, edificios públicos y cuarteles de la Policía que han estado causado daños ambientales y ocupando el espacio del público en general.
Chávez especificó que su agencia ha procesado 474 vehículos de la flota de la Policía de Puerto Rico declarados como unidades excedentes, de las cuales 300 fueron compactadas y entregadas a la compañía Homeca Recyling.
Explicó que todas las unidades excedentes fueron procesadas en un lote exclusivo de la Policía y le han entregado 320 toneladas de chatarra a la referida compañía.
Esto ha generado hasta el momento ingresos directos para la ASG de aproximadamente 20 mil dólares entre chatarra, catalíticos y baterías.
El funcionario anticipó que espera terminar con los trabajos en el lote exclusivo en uno o dos meses para luego trasladarse durante cinco meses a la región de Manatí para procesar los vehículos excedentes de la Policía de Puerto Rico y otras agencias.
Una vez concluyan los trabajos en la región de Manatí se trasladarán a la de Mayagüez durante tres meses.
Agregó que, cuando concluyan esa primera ronda, regresarán al lote exclusivo para iniciar un segundo ciclo de disposición de vehículos excedentes de la Policía de Puerto Rico.
Indicó además que se han transferido piezas de doce vehículos de la policía, logrando economías para el Negociado estimadas en 30 mil dólares.
El 90 por ciento de estas piezas han sido removidas de las carrocerías de vehículos declarados como excedentes a otras unidades en uso.
ASG es la agencia del Gobierno que se encarga de uniformar los procesos de adquisición de bienes y servicios no profesionales de las agencias, utilizando sistemas que promuevan la transparencia y confianza en los mismos.
Entre sus responsabilidades figuran fomentar y promover la competencia entre los proveedores, a fin de adquirir la más alta calidad en bienes y servicios al menor costo posible, garantizando el máximo rendimiento de los fondos públicos.