Un nuevo estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) destaca las crecientes amenazas que enfrentan alrededor de 41 millones de personas que residen en zonas costeras de baja altitud en América Latina y el Caribe.
Este análisis revela cómo los fenómenos meteorológicos extremos, exacerbados por el cambio climático, ponen en peligro no solo las vidas y los medios de subsistencia de estas comunidades, sino también los servicios de salud esenciales, especialmente afectando a mujeres y niñas.
Impacto en la salud y la sociedad
El estudio señala que aproximadamente el 6% de la población regional está expuesta a peligros como tormentas e inundaciones, que pueden provocar la interrupción de la atención sanitaria y desplazamientos masivos. Esto afecta de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas, quienes enfrentan obstáculos adicionales para acceder a servicios de salud materna, planificación familiar y protección contra la violencia de género.
El análisis de UNFPA identificó que 1448 hospitales especializados en la salud materna y la planificación familiar se encuentran en zonas costeras de baja altitud, lo que los expone aún más a los riesgos naturales. Países como Aruba, Islas Caimán, Surinam, Bahamas y Guyana tienen más del 80% de sus hospitales en estas áreas vulnerables.
Llamado a la acción
Natalia Kanem, directora ejecutiva de UNFPA, enfatizó la necesidad de una mayor inversión y ayuda técnica para recopilar datos sobre el impacto del cambio climático en las mujeres y las niñas, así como para fortalecer los sistemas de salud resistentes al clima en los países vulnerables. Con la temporada de huracanes en el Atlántico en curso, es crucial tomar medidas preventivas y de preparación para proteger a estas comunidades.
UNFPA está utilizando datos de población, imágenes de satélite y datos geoespaciales para proporcionar información crítica a los equipos de respuesta humanitaria. Esto incluye la identificación de comunidades vulnerables después de desastres como el huracán Iota en Honduras en 2020, así como la modelización de poblaciones para evaluar riesgos en áreas propensas a inundaciones y erupciones volcánicas.
Se requiere una acción coordinada a nivel nacional e internacional para proteger vidas, fortalecer la infraestructura de salud y promover la resiliencia ante los crecientes desafíos climáticos que enfrenta la región.