México.- Claudia Masferrer, investigadora del Colegio de México (Colmex) y profesora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales (CEDUA) explicó durante el foro “Hacia un país con inclusión social” que debido a la mayor intensidad de los huracanes, inundaciones, sequías y demás efectos del cambio climático sobre las cosechas, disminuyeron los ingresos de los habitantes de las comunidades rurales, impidiendo la movilidad de los campesinos.
Masferrer señaló que a las desigualdades de ingreso, movilidad y trabajo que persisten en México, se han sumado nuevos desafíos, como los riesgos ambientales y la contaminación, lo que ha incrementado la vulnerabilidad de grandes grupos poblacionales.
Esas desigualdades se acentúan en torno a la migración de retorno, que se estima en alrededor de 500 mil personas, de las cuales 70 por ciento son hombres mayores de 40 años, que se enfrentan a problemas de reinserción laboral en regiones además muy concentradas, como son el norte del país, Jalisco, Veracruz y Oaxaca, que son también las zonas de expulsión.
“Regresan a mercados laborales precarios, por lo que muchas veces se enfocarán en las actividades informales o, en el mejor de los casos, en el autoempleo, porque ya ni siquiera tienen la posibilidad de invertir para crear una pequeña empresa, sumado a que muchos de ellos regresan con enfermedades crónicas o inhabilitados para realizar actividades”, agregó.
Por su parte, Paloma Villagómez, también investigadora del Colmex y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), se refirió a las desigualdades alimentarias en México, y dio a conocer que de acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), una de cada cinco personas se encuentra en situación de carencia de alimentos o inseguridad alimentaria.
Dio a conocer que desde 2008 comenzaron a sentirse los efectos de crisis alimentarias sucesivas en el mundo por la pérdida de poder adquisitivo, el estancamiento de los niveles de pobreza y la especulación financiera con los productos alimenticios, especialmente granos.
Esta situación en México se agravó aún más porque la política alimentaria no es un factor fuerte de la economía y la apertura comercial que se dio con la firma del Tratado de Libre Comercio propició el desmantelamiento del aparato productivo rural y la inundación del mercado local con productos industrializados.
Esto provocó cambios radicales en los patrones de consumo de alimentos entre la población y la epidemia de malnutrición y obesidad que ahora se pretende combatir, además de incrementar los subsidios a productos básicos como el pan, las tortillas y la leche, entre otros, prosiguió Villagómez.
Pero esta inseguridad alimentaria se incrementó aún más entre los grupos de mujeres e indígenas, que debido a sus condiciones de pobreza destinan gran parte de su gasto alimentario en productos de altos contenidos calóricos y nulos proteínicos.
Asimismo, se comprometió la variedad y calidad de los alimentos en los hogares más pobres, por la carencia de centros de distribución de productos frescos cerca de sus comunidades, llevando una mayor incidencia de enfermedades por déficit nutricional y obesidad.
La investigadora del FLACSO apuntó como soluciones elevar el ingreso económico de las familias e invertir en la producción local y nacional de alimentos, así como garantizar el abasto de productos frescos en todos los estratos del país, para lo cual será necesario separar las decisiones políticas de las económicas y sociales, así como procurar que no sean sólo las mujeres quienes soporten la carga familiar.